
El reciente fallo de la Corte Suprema que determinó la constitucionalidad de la ley de glaciares pone ahora en duda al menos 44 proyectos mineros en la Argentina. Es que la decisión reflota un documento, en manos de la justicia federal, elaborado por el ex Ministerio de Ambiente de la Nación.
Según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación existen en total 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianigla) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo, que deben estar protegidos, según denunciaron en su momento las ONGs Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAA).

Entre los emprendimientos que directamente se encuentran en zona glaciar, 30 de ellos los llevan a cabo empresas de Canadá; 31, son en San Juan; 21, buscan extraer cobre, 18 apuntan al oro, y uno de la canadiense Pacific Bay Minerals estudia la posibilidad de obtener uranio, en Arroyos Pajaritos, Chubut.
En San Juan, por caso, aparecen Veladero, escenario del mayor derrame de agua cianurada de la historia de la Argentina y Pascua Lama, proyecto binacional conjunto con Chile, que está suspendido por reclamos del país trasandino. Ambos proyectos son de la Barrick.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el juez federal Sebastián Casanello secuestró en sus recientes requerimientos a la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en la causa.
"La ley es clara: se prohíbe realizar minería en glaciares y ambiente periglacial. No hay ninguna excepción a esa prohibición. Y los responsables de velar por su aplicación efectiva no solo son los gobiernos provinciales sino también el gobierno nacional como autoridad de aplicación de la ley. Recordemos que este año, de manera inédita, se llevará a cabo el juicio oral en Comodoro Py contra altísimos funcionarios nacionales de la anterior administración por incumplir la ley de glaciares. Incumplir una ley ambiental ya no es gratuito.", dijo a Infobae Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El juicio por incumplimiento de deberes de funcionario público fue investigado por Casanello. En la causa deberán responder los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. La medida alcanzó también a Ricardo Villaba, integrante del Ianigla.

Para Andrés Nápoli, de Farn, "el fallo de la Corte viene a cerrar una discusión ficticia que pretendió imponer el sector minero sobre la validez de una norma aprobada por el Congreso con amplio consenso".
"De aquí en más no quedarán más excusas para hacer cumplir lo que manda la ley: que aquellos proyectos que se encuentran sobre glaciares o periglaciares dejen de funcionar y q se realicen verdaderas auditorías sobre los restantes con amplia participación ciudadana", afirmó Nápoli.
En la Argentina hay 16.968 glaciares; todos protegidos por esta ley. Hay 16.078 sobre la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, que ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. El país está en el segundo lugar de América Latina en términos de recursos disponibles de agua dulce y entre los primeros 15 estados del planeta.
Santa Cruz es la provincia contiene la mayor superficie de glaciares del país (3.421 kilómetros cuadrados y 2.420 unidades). Mendoza ocupa el segundo lugar con 1.239 kilómetros cuadrados y 4.172 cuerpos inventariados, mientras que San Juan, ocupa el tercer lugar en cuanto a mayor superficie a nivel nacional. Las provincias con menos superficie cubierta por hielo en el país son Jujuy (9,5 kilómetros cuadrados distribuidos en 255 cuerpos) y Tucumán (10 kilómetros cuadrados y 122 cuerpos).
La ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares fue sancionada en 2010 y reglamentada un año después. En ese instante, la minera Barrick y luego, el gobierno de San Juan interpusieron recursos para suspender los efectos de la norma que fueron finalmente rechazados por la Corte.
Los glaciares, entendidos por el máximo tribunal, como un recurso estratégico de agua dulce para las personas e incluso para actividades productivas como la agricultura, están en peligro a causa del calentamiento global.

Hace pocas semanas se conoció un informe de la UNESCO que da cuenta que el glaciar Perito Moreno, tal vez el más emblemático de nuestro país, podría perder para 2100 el 60% de su masa si continúa el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
En un escenario más optimista, en el que las emisiones de gases de efecto invernadero descendieran tal como lo establece el Acuerdo de París (detener la suba promedio global de la temperatura en 1.5ºC), el estudio considera que ocho de esos 46 sitios se quedarán sin hielo para esa fecha.
También pronostican que del 33% al 60% del volumen total de hielo registrado en 2017 en los sitios clasificados en el patrimonio mundial se perderá para 2100. La pérdida dependerá de la acción climática para frenar el fenómeno.
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