Se agrava la crisis en el SOMU: renunciaron dos interventores

La Comisión Interventora Judicial (CIJ) que se hizo cargo del sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) estalló en una disputa interna y agravó aún más la situación crítica del gremio. Nombrada con la supuesta intención de normalizar y desbaratar el entramado de corrupción que supo construir a través de los años su ex secretario general, Omar "Caballo" Suárez, terminó sumando más problemas y no cuenta con el apoyo de los trabajadores.

El 18 de febrero último, el juez Rodolfo Canicoba Corral, con ayuda de fuerzas de la Policía Federal y la asistencia del Ministerio de Trabajo, procedió a la intervención del sindicato y dispuso una serie de medidas, algunas de ellas muy cuestionadas por los afiliados.

La intervención estaba encabezada por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (nombrado por el ministro de Trabajo Jorge Triaca), y la diputada nacional por el PRO, Gladys González (elegida por el Poder Ejecutivo).

Sin embargo, la semana pasada Viola y Alonso renunciaron a sus cargos y denunciaron a Gladys González por sus supuestos manejos unilaterales, al tiempo que la acusaron de querer cerrar paritarias a la baja y modificar los convenios colectivos de trabajo, tarea a la que no estaba encomendada la CIJ, ya que fue nombrada únicamente para normalizar el gremio y luego llamar a elecciones.

A través de un escrito enviado al juez Canicoba Corral, Alonso cuestionó a la legisladora del PRO y señaló además "los diferentes criterios respecto de la incorporación de personal al plantel del sindicato". Señaló que, para el área de prensa, González "persigue la designación de una persona cuyo salario superaría con holgura (50%) al de la persona que desempeña el cargo actualmente".

Canicoba Corral desestimó las acusaciones y decidió separar a Viola y a Alonso, y designó a Gladys González como única interventora. Sin embargo, su cargo es cuestionado también por la incompatibilidad que implica ejercer dos cargos públicos al mismo tiempo.

Por su parte, la diputada macrista envió una carta a los trabajadores del gremio y negó las acusaciones. "Comienza una etapa en la que podremos avanzar con mayor celeridad y sin obstáculos", aseguró.

Gladys González es considerada por el presidente Mauricio Macri como uno de los pilares en el armado del Pro en el Conurbano bonaerense. Ex candidata a intendenta de Avellaneda por el Pro, aunque tenía domicilio en Capital Federal, fue denunciada por corrupción, sobornos y tráfico de influencias durante su paso como directora del Banco Ciudad. Incluso integrantes de Cambiemos Avellaneda le pidieron previo a la contienda electoral que explique su situación o renuncie a la candidatura, aunque la sostuvo y fue derrotada ampliamente por Jorge Ferraresi (FPV), quien logró así su segundo mandato.

La remuneración bruta mensual de los interventores ya había generado serios cuestionamientos por parte de los afiliados: el trinomio Viola, González, Alonso se llevaba 59.000 pesos por mes cada uno. La directora general, designada por la cartera de Trabajo, $ 55.000. El director de legales, Oscar García Alzueta, un directivo de la Sociedad Rural de Punta Indio, $47 mil. La lista de nombres continúa y los salarios no bajan de los 22.500 pesos. En total, 1,3 millones de pesos mensuales del dinero que aportan los afiliados va a parar a salarios del nuevo "personal" del gremio.

Infobae intentó comunicarse con alguien responsable de la intervención, pero no obtuvo respuestas.

La intervención, en datos

Más allá de los desmanejos y las acusaciones que rodean a la intervención, se logró avanzar en la investigación que tenía por objetivo desbaratar las irregularidades cometidas por la administración de Suárez.

La CIJ presentó hace un mes un informe con el resumen ejecutivo trimestral, en el cual sostienen que hubo "ausencia total de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios"; "exorbitantes sobreprecios en las compras directas"; "ausencia total de planificación financiera"; "multiplicidad y superposición de tareas y cargos" y "utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos". También denunciaron la "ausencia de planificación y seguimiento en la construcción de obras; un "pasivo detectado a la fecha de $8.985.896,95"; y el "robo de automóviles". Sobre esto último punto, la CIJ reveló que Carlos Kunkel y su esposa, la ex senadora Cristina Fioramonti, utilizaban autos pagados por el Sindicato de Obreros Marítimos.

Problemas para los afiliados

Los trabajadores marítimos enrolados en el sindicato SOMU reconocen que la Justicia "tiene que investigar" los presuntos desmanejos del sindicato, pero están muy disgustados con la intervención. Advierten que se cometieron serias irregularidades por parte de la CIJ, como por ejemplo, dejar sin Obra Social a muchos afiliados, o suspender la Bolsa de Trabajo.

Una de las agrupaciones que formaron los marítimos para recuperar el gremio para sus trabajadores se denomina "18 de febrero SOMU Somos Todos". Uno de sus integrantes, Luis del Valle, habló con Infobae sobre los inconvenientes que genera la intervención para los afiliados, muchos con más de seis meses sin embarcar, es decir, sin poder trabajar ni cobrar un peso.

"Consideramos que tienen que hacer las investigaciones que haya que hacer, pero el gremio no puede estar en manos de esta gente", dijo Del Valle, ex pro secretario de la sección Cubierta del SOMU.

"Estamos pidiendo la normalización del gremio, porque al verse afectada la Bolsa de Trabajo tenemos muchos inconvenientes laborales, gente despedida, suspendida, que hace meses que no cobra, y que como no puede hacer aportes no tiene atención médica ni acceso a medicamentos", señaló el ex dirigente del SOMU. Y agregó: "Uno de nuestros compañeros tenía a la mujer embarazada de ocho meses y perdió a la criatura por no contar con la Obra Social".

Por último, cuestionó los altos honorarios que reciben los interventores del sindicato y aseguró que en el caso de Gladys González, "se habla de 150 mil pesos". "Nos parece muy mal tener interventores acusados de corrupción. Solicitamos la normalización del gremio y que la intervención llame a elecciones y que participen todas las listas".

Quién es Omar "Caballo" Suárez, el gremialista "preferido" de Cristina Kirchner

Omar "Caballo" Suárez fue hasta principios de este año amo y señor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el más importante de la actividad con un total de 16 mil afiliados. Secretario General del gremio durante siete períodos consecutivos, Suárez ostentaba ese poder desde 1992, cuando dejó de ser un subalterno de la marina mercante para pasar a tener nada menos que el control del puerto de Buenos Aires.

Suárez está procesado desde 2015 por bloquear puertos y por presunta extorsión a empresas navieras, al igual que sus colaboradores Rigoberto Suárez Cardoso y Jorge Agustín Vargas. Según se desprende de una investigación de la Justicia federal a la dirigencia del SOMU, el "Caballo" montó un holding de empresas, en su mayoría ligadas a la actividad portuaria.

Considerado uno de los gremialistas "favoritos" por Cristina Kirchner durante la fallida gira comercial por Angola, Suárez podría sumarse a la pequeña lista de "popes" sindicales que cayeron en desgracia después de años de enraizarse en un sindicato a través de herramientas poco transparentes, sino espurias. Otros casos fueron los de Juan José Zanola (Bancarios), preso por la causa de la "mafia de los medicamentos", y el ex líder ferroviario José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el crimen del joven militante Mariano Ferreyra.