En el ambiente marítimo el diputado nacional Carlos Kunkel es una figura más que conocida, no por ser un experto en cuestiones relacionadas con el transporte por agua, sino más bien por los sólidos lazos que supo tejer con el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y, por su intermedio, con la desplazada conducción del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Junto al ex juez Norberto Oyarbide, fueron durante muchos años figuras siempre presentes en todos los eventos sociales que ambas entidades gremiales realizaban.
Pero lo que acaban de descubrir la diputada nacional Gladys González y sus compañeros en la intervención del SOMU, Santiago Viola y Jorge Alonso, va mucho más de una cordial amistad.
Tanto el diputado nacional como su esposa, la ex senadora Cristina Fioramonti, hacían uso de dos vehículos propiedad del sindicato intervenido: un Volswagen Passat 2.0, dominio LMJ 534, y una camioneta Ford Kuga, patente LZW 034. Además, encontraron documentación firmada por el ex tesorero de la entidad gremial reconociendo que el SOMU asumía todos los gastos de impuesto a la radicación de vehículos, seguro y autorización expresa para sacarlos del país. Ambos automóviles contaban con cédulas azules reciprocas (es decir que el matrimonio tenía acceso a ambos vehículos).
Al momento, la intervención no pudo lograr la restitución de varios bienes del sindicato, como por ejemplo la camioneta Toyota SW4 que el ex tesorero del SOMU aún conserva en su poder. De hecho, son varios los afiliados que han denunciado al sindicato la ostentación que algunos ex directivos hacen de bienes que ya no deberían tener en su poder.
Las "dádivas" al diputado nacional y a otros personajes de la política también comprenden viajes, costosas comidas y agasajos, estadías en los campos y hoteles del sindicato, y parecen enmarcar este accionar en las estrechas relaciones que la conducción gremial mantenía con el oficialismo hasta diciembre de 2015.
La semana pasada, la sala 1ª de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal emitió un fallo que generó conmoción en el mundo gremial y del empresariado marítimo: el tribunal concedió a los ex directivos del SOMU un pedido que oportunamente habían formulado para que se les reconozca su derecho a apelar el fallo de Rodolfo Canicoba Corral que dispuso la intervención.
En un primer momento, circuló la errónea noticia de que la Cámara había anulado la intervención, cuando lo ocurrido era que el tribunal de alzada reconoció a los gremialistas su derecho a presentar un recurso, que puede prosperar o no.
Este hecho motivó que un grupo de activistas del SOMU planearan marchar sobre el sindicato con el objetivo de "recuperarlo". Con el apoyo logístico de una entidad gremial marítima ubicada en las proximidades , se pergeñó una fallida convocatoria a los afiliados, que sumada al conocimiento que se tuvo posteriormente sobre los alcances del fallo la Cámara y el fuerte dispositivo policial montado en torno a las instalaciones del gremio, hicieron desistir de cualquier intento de ocupación.
"La intervención sigue en funciones y en uso de todas sus facultades de acuerdo a lo dispuesto por el señor juez", sentencia el comunicado oficial difundido por las autoridades designadas por la Justicia.
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