La Sociedad Rural Argentina asegura que la vacuna antiaftosa alcanzó su menor costo, mejorando el poder de compra de los ganaderos

El costo de la vacuna contra la fiebre aftosa alcanzó en 2026 su menor valor real desde que existen registros comparables, mejorando significativamente el poder de compra de los productores ganaderos. Así lo señala un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina, que destaca una reducción del costo relativo de una de las principales herramientas sanitarias del rodeo nacional.

Según el relevamiento, la dosis de vacuna se comercializa actualmente a $1.556, un valor que, ajustado por inflación, se ubica 19% por debajo del promedio de las campañas de 2025 y 33% inferior al promedio registrado entre 2018 y 2026, convirtiéndose en el menor valor real de toda la serie analizada. Medida al tipo de cambio contado con liquidación (CCL), la dosis cuesta US$ 1,01, un 10% menos que un año atrás.

La mejora resulta aún más evidente al comparar el costo de la vacuna con el precio de la hacienda. De acuerdo con el informe, actualmente un kilogramo de novillo de 430 kilos permite adquirir 2,9 dosis, la mejor relación de los últimos diez años y un 63% superior al promedio histórico. Este comportamiento responde tanto a la baja relativa del precio de la vacuna como a la recuperación del valor del ganado.

La misma tendencia se observa en el mercado de invernada. En el caso de un ternero de entre 160 y 180 kilos, un kilogramo de peso vivo alcanza hoy para comprar 4,4 dosis de vacuna, prácticamente el doble de la capacidad de compra promedio registrada en los últimos años y el nivel más elevado de la última década.

Para la Sociedad Rural Argentina, estos indicadores reflejan una mejora concreta del poder adquisitivo de los productores frente al costo de una herramienta sanitaria indispensable para la actividad. En ese sentido, el informe destaca que la vacunación contra la fiebre aftosa continúa siendo una inversión estratégica para preservar el estatus sanitario del país y sostener la competitividad de la cadena de ganados y carnes en los mercados nacionales e internacionales.