El Instituto Nacional de la Yerba Mate ya no podrá intervenir sobre el precio pagado a los productores

El Gobierno Nacional derogó -a través de un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial- las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate que le permitían intervenir sobre el precio pagado a los productores.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA) informó que el organismo continuará ejerciendo su rol en la promoción y el control de calidad de los procesos.

En la práctica, el Gobierno modificó el Decreto Reglamentario N°1.240/2002 del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), a través del Decreto N° 812/2025.

“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”, indica el Decreto.

Durante los últimos veinte años, productores y secaderos no lograban ponerse de acuerdo respecto del precio que debía recibir el productor por la materia prima, tras lo cual un laudo del INYM fijaba valores que pudieran resultar adecuados para cada una de las partes.

A partir de la gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional, se le quitó al Instituto la potestad de establecer un “valor de referencia” por kilo de hoja verde, con el objetivo de reducir la intervención estatal en la economía. Esta situación que venía dándose de hecho en el último año, quedó oficializada a partir de del Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el Presidente Mieli, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo.

A partir de ahora, el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, señala el nuevo artículo 8° modificado hoy, del Decreto N° 1.240 de 2022.

En tanto, en 2023, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 ya se habían introducido modificaciones a la Ley N° 25.564.

Al respecto la SAGPyA puntualizó que la medida “está alineada” con la decisión del Gobierno Nacional de derogar las normas “que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación”, y destacó que las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa.