¿Qué elementos vinculan al fallecido Adriano Hernández López con las reclamaciones médicas investigadas por el Ministerio Público dominicano?

El Ministerio Público de República Dominicana señaló al fallecido Adriano Hernández López como integrante de la presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante reclamaciones médicas falsas, pero no lo imputó porque murió en 2024.

La solicitud de medida de coerción presentada en septiembre de 2026 sostiene que el médico transfirió RD$ 2,385,322 a una cuenta de Ángel Luis Guzmán Vásquez, identificado como articulador de las operaciones investigadas.

La acusación atribuye a Hernández López el uso de formularios con firmas presuntamente falsificadas de afiliados para cobrar procedimientos que no habrían recibido.

Cinco personas incluidas en esas reclamaciones —Waster Alexander Paulino, Francisco De Oleo Ogando, Mariant Johanna Rodríguez Reyes, Marcell Arriaga Brión De Rosario y Germall José Rosario Peña— declararon que las rúbricas no correspondían con las suyas.

El médico también envió RD$ 2,091,950 a una cuenta de la cirujana general Hanna Rashell Rodríguez Almánzar. Los detalles del caso fueron publicados por Listín Diario a partir de la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Una presunta red de 25 personas y autorizaciones médicas falsas

La investigación del Ministerio Público situó a unas 25 personas, principalmente médicos y otros profesionales sanitarios, dentro de un esquema que habría facturado al Estado dominicano servicios médicos inexistentes.

La imputación incluye la supuesta vulneración de bases de datos de Senasa, la suplantación de identidad de afiliados con poco uso de su seguro y llamadas al centro de atención para gestionar autorizaciones con nombres falsos.

Ángel Luis Guzmán Vásquez fue detenido en abril de 2026 cuando, según la acusación, intentaba salir del país. Había trabajado como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022 y es señalado como responsable de coordinar un centro de llamadas para tramitar operaciones médicas que luego no eran reconocidas por los afiliados.

Su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, aparece como titular de uno de los teléfonos desde los que se efectuaban llamadas para solicitar autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y procedimientos ambulatorios.

El Ministerio Público indicó que esas operaciones alcanzaron montos de hasta 40 millones de pesos dominicanos y que los médicos participantes entregaban entre 40 % y 60 % de los pagos recibidos a los integrantes del supuesto entramado.

Entre 2019 y 2025, Angeury Guzmán registró ingresos salariales por RD$ 1,458,277.95, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Durante el período de 2020 a 2025, una cuenta suya en el Banco de Reservas registró movimientos por RD$ 4,389,381.06 entre débitos y créditos, una cifra que la acusación considera incompatible con sus ingresos declarados.

También fueron señalados los exempleados de Senasa Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de Lucreisy Polanco Núñez. La pesquisa sostiene que Coronado habría propuesto utilizar el código, la firma, el sello y los comprobantes fiscales del médico Víctor Felipe Rodríguez García para presentar reclamaciones de pacientes que él no había atendido.

Rodríguez Nova, quien fue supervisor de servicios a usuarios de Senasa entre 2016 y marzo de 2025, recibió transferencias de Ángel Luis Guzmán, Coronado, Ángel Guzmán Patricio y Adonay María Carrasco Heredia.

En una de sus cuentas se identificaron envíos por RD$113,500, RD$ 112,500, RD$ 111,050, RD$ 101,000 y RD$ 101.600 desde cuentas vinculadas con los investigados.

Polanco Núñez habría transferido RD$ 1,180,272.72 a Ángel Luis Guzmán entre 2020 y 2025, además de realizar un depósito de RD$ 23,700. La acusación relaciona esas operaciones con el período en que se habrían realizado las estafas contra el seguro estatal.

Médicos bajo investigación por facturación y firmas atribuidas a afiliados

Entre los médicos imputados figuran Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz y José Luis Díaz Hernández. También fueron incluidos Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Martha María Saldaña Saldaña.

La lista se completa con Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Borromé Valdez, cirujano general, es descrito como una de las presuntas cabecillas entre los médicos. De 29 afiliados contactados durante la auditoría, 28 afirmaron no reconocer los servicios consignados en su historial de autorizaciones.

Poueriet, ginecólogo y obstetra, habría recibido RD$ 2,8 millones de Senasa y efectuado transferencias a Ángel Luis Guzmán. Una auditoría detectó un aumento inusual de sus reclamaciones desde julio de 2024, además de coincidencias tipográficas en formularios y firmas atribuidas a distintos afiliados.

Rodríguez Almánzar comenzó a facturar a Senasa en marzo de 2024 con RD$ 21.600 autorizados. Dos meses después alcanzó RD$ 493,808; 11 afiliados consultados dijeron no reconocer las atenciones médicas registradas a su nombre.

La investigación atribuye a Reyes Durán reclamaciones con firmas presuntamente falsificadas y similitudes en la tipografía de los formularios. Un total de 24 afiliados afirmaron no reconocer los servicios cobrados ni conocer a la cirujana general.

Batista Cruz habría efectuado 10 transferencias a Ángel Luis Guzmán entre junio de 2024 y febrero de 2025, por RD$ 977.407. Las autoridades sostienen que más de 15 afiliados negaron haber recibido consultas y procedimientos cargados a sus pólizas por ese médico.

En el allanamiento de su vivienda se incautaron RD$ 33,030, USD 35, dos computadoras portátiles, documentos, contratos de alquiler, formularios de Senasa y las llaves de dos vehículos Ford. La auditoría indicó que todos los formularios de consultas especializadas y procedimientos ambulatorios revisados presentaban una misma tipografía.

Auditorías, transferencias y procedimientos que pacientes no reconocieron

José Luis Díaz Hernández, especialista en ortopedia y traumatología, habría registrado un aumento inusual de autorizaciones desde julio de 2024 para reducciones de luxaciones y fracturas, además de infiltraciones articulares. La acusación incorpora una llamada del 29 de noviembre de 2024 en la que Ángel Luis Guzmán utilizó su código de prestador y afirmó falsamente que un afiliado se había lesionado el hombro mientras recogía aguacates en el patio de su casa.

Díaz Hernández transfirió RD$ 67,000 a Ángel Luis Guzmán en octubre de 2024. En su residencia, las autoridades incautaron una pistola Glock 17 Gen5 calibre 9 mm, 17 municiones, computadoras, teléfonos, memorias USB, chips telefónicos y un carnet de la Armada de República Dominicana.

La auditoría sobre Carlos Job Ynoa Olivero identificó consultas ginecológicas asignadas a afiliados de sexo masculino, además de servicios duplicados y un crecimiento de la facturación desde agosto de 2024. Guillermo Dicló Garabito, también ginecoobstetra, habría recibido RD$ 66.000 de Laura Santana Evangelista por la distribución de beneficios que la acusación considera ilícitos.

Griselda Basora Ramírez tuvo su código de prestadora suspendido en marzo de 2025 después de que Senasa detectara irregularidades en los servicios reportados. De 24 afiliados contactados, 13 desconocieron las atenciones atribuidas a la médica.

Juan Gabriel Rodríguez Ravelo dejó de prestar servicios para Senasa en julio de 2024, luego de alertas administrativas y hallazgos de auditoría. Martha Saldaña Saldaña es investigada por reclamaciones que varios afiliados, entre ellos Martha Isabel Mejía Ramos, Rafael Aníbal Rivas y Zenobia Encarnación Encarnación, declararon no reconocer.

Una auditoría sobre Elsa de la Rosa Vásquez examinó pagos por RD$ 2.052.051,20 y halló formularios incompletos, firmas con patrones similares y teléfonos que no coincidían con los registros de la aseguradora. En el caso de Engels Díaz Mendoza, la pesquisa registró 17 transferencias a Ángel Luis Guzmán entre marzo de 2022 y mayo de 2024, por un total de RD$ 671,090.

Keila Acosta Leonardo es investigada por formularios con tachaduras, datos de pacientes incompletos y un patrón de 22 afiliados que figuraban primero con una consulta suya y luego con procedimientos de otros médicos acusados. Entre las anomalías, se detectaron afiliados masculinos con atenciones posteriores de ginecoobstetras.

La acusación sostiene que Rafael Cabral González presentó reclamaciones por onicectomías y drenajes que los usuarios consultados dijeron no haber recibido. Laura Santana Evangelista habría actuado como intermediaria para distribuir expedientes y fondos, con transferencias por RD$ 278.633 a Ángel Luis Guzmán entre 2022 y 2024.

Wander Díaz Encarnación recibió RD$ 5,146,176.33 en 2024 por servicios que, de acuerdo con los hallazgos atribuidos a la investigación, no fueron prestados. Durante el allanamiento se le ocupó un teléfono iPhone 16 Pro Max.

La pesquisa también atribuye a Yocaira Méndez Beltré cobros adicionales por procedimientos que sus pacientes no habrían recibido; a Marcelino Figuereo, autorizaciones vinculadas con la identidad ficticia “Ángel Beltré”; y a Ray Ernesto Mercedes Lugo, servicios que 19 afiliados aseguraron no reconocer.

Los imputados enfrentan acusaciones por falsificación y uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, violaciones a la Ley de Seguridad Social, delitos de alta tecnología y lavado de activos.