Justicia dominicana pone fin a casi 70 años de explotación minera de Falcondo por incumplimientos

La justicia dominicana ordenó la cancelación de la concesión minera a Falconbridge Dominicana (Falcondo), una decisión que marca el cierre a casi siete décadas de explotación en el yacimiento Quisqueya I. El fallo se emitió luego de detectarse diversas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, cuya actividad permanecía detenida desde finales de 2023. La resolución ha generado una fuerte expectativa entre las comunidades y sectores económicos de la zona.

Según documentos judiciales, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) concluyó que Falconbridge Dominicana incumplió obligaciones esenciales relacionadas con la explotación de los recursos mineros y la entrega de información técnica. Las operaciones en Quisqueya I, una zona de más de 22,000 hectáreas ubicada entre La Vega y Monseñor Nouel, permanecían sin actividad desde noviembre de 2023, de acuerdo con certificaciones oficiales. Este cese coincidió con una serie de reportes que no fueron entregados a tiempo, como los informes de avance correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, además de los reportes anuales exigidos por la legislación minera.

Las autoridades argumentaron que la inactividad de Falcondo generó un impacto directo en el interés general vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales del país. El tribunal consideró que la falta de explotación efectiva y la omisión en la entrega de información comprometían el objetivo central de la concesión. El fallo también desestimó los recursos presentados por la empresa y sus representantes legales, quienes buscaban que la demanda fuera declarada inadmisible.

Las autoridades dominicanas señalaron a la empresa por incumplimiento en la entrega de informes técnicos, insolvencia económica y fuertes deudas con trabajadores y suplidores.

A raíz de la paralización de actividades, la provincia Monseñor Nouel experimentó una disminución en la circulación de efectivo y en la generación de empleos directos e indirectos. Más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Para marzo de 2026, otro grupo de empleados había quedado fuera de la nómina y mantiene reclamaciones laborales que superan los 300 millones de pesos. Las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas superan los 100 millones de dólares, según estimaciones de acreedores.

La decisión judicial se limita exclusivamente a la cancelación de los contratos de concesión minera y no implica la liquidación inmediata de Falcondo. La empresa continúa sometida a un proceso de reestructuración mercantil, iniciado por petición de sus acreedores bajo el marco de la Ley 141-15. Este procedimiento, que sigue un curso judicial independiente, deberá determinar el destino de las deudas y los pasivos de la compañía.

El caso de Quisqueya I pone en evidencia el nivel de supervisión que existe sobre las concesionarias mineras en República Dominicana, así como la capacidad del Estado para intervenir cuando se detecta el incumplimiento de las condiciones contractuales. El impacto laboral y económico todavía mantiene en alerta a los sectores productivos y las comunidades cercanas a la zona de explotación, en espera de definiciones sobre el futuro de los recursos y de los trabajadores afectados.