
República Dominicana sostiene un acercamiento diplomático con Estados Unidos para asegurar la continuidad de sus relaciones comerciales tras el establecimiento de nuevos procesos arancelarias por parte del gobierno norteamericano.
El país caribeño figura entre las 60 economías señaladas por la administración estadounidense por presunta importación de productos fabricados con trabajo forzoso, una situación que ha impulsado a las autoridades dominicanas a priorizar el diálogo como vía principal para resolver las diferencias.
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El Gobierno dominicano, a través del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, ha dejado claro que la actual política arancelaria de Estados Unidosno constituye una acción dirigida específicamente a República Dominicana.
Sanz Lovatón subrayó a los medios locales que el país mantiene una comunicación constante con las autoridades estadounidenses y que existe una coordinación activa con el sector privado nacional para afrontar el nuevo escenario.
“El país está unificado en este tema y hasta este momento no hemos perdido competitividad porque, aunque se están pagando los aranceles del 10%, los productos agrícolas siguen exentos y lo mismo que nos están cobrando a nosotros les cobran a los mercados que compiten con nosotros”, explicó el ministro.
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La decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de agregar a República Dominicana junto a otros 59 países en un listado de economías que, según sus criterios, no realizan los esfuerzos necesarios para evitar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, podría derivar en la aplicación de una nueva barrera arancelaria de entre 10 y 12.5% para los exportadores dominicanos.
El titular de la USTR, Jamieson Greer, anticipó que la investigación sobre la puerta a estos nuevos aranceles concluirá en pocas semanas, lo que mantiene en vilo a los sectores exportadores del país.
Este escenario no resulta inédito para República Dominicana. En abril de 2025, durante el denominado “Día de la liberación”, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de tarifas del 10% a las exportaciones de la mayoría de los países, incluida la nación caribeña.
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Esta medida, según Trump, buscaba incentivar la manufactura interna estadounidense. Sin embargo, en febrero del año en curso, la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió la aplicación de dichos aranceles, ordenando el reembolso de las sumas cobradas.

Ante la posibilidad de una nueva escalada arancelaria, el empresariado dominicano ha manifestado su respaldo a la estrategia de diálogo liderada por el Gobierno. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó que República Dominicana ha mostrado de manera sostenida su compromiso con los derechos laborales y el cumplimiento de los estándares internacionales que regulan el comercio.
El principal gremio empresarial del país valoró los esfuerzos realizados por las autoridades y reiteró su disposición a colaborar, facilitando información y apoyando iniciativas que contribuyan a una mejor comprensión de la realidad local.
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El Conep expresó su confianza en que el intercambio técnico y el canal de diálogo establecido con las autoridades estadounidenses permitirán abordar de forma adecuada las inquietudes planteadas.
Para los empresarios, el trabajo conjunto entre los sectores público y privado representa una herramienta esencial para afrontar los desafíos que plantea la política comercial y resguardar la posición de los productos dominicanos en el mercado internacional.

Mientras se esperan los resultados de la investigación de la USTR, la coordinación interinstitucional y la interlocución directa con Estados Unidos se mantienen como las principales apuestas de República Dominicana para superar este episodio y garantizar la continuidad de su comercio exterior bajo condiciones de competitividad.
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