Uno de los ejes centrales de la nueva normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es la interoperabilidad entre instituciones públicas. Ahora, la verificación de documentación de los proveedores se realizará de forma automática mediante conexiones con la DGII, la Tesorería de la Seguridad Social, las cámaras de comercio y varios ministerios.
De esta manera, el Estado dejará de solicitar documentos que ya obran en sus archivos, lo que reduce significativamente la carga administrativa para quienes desean participar en los procesos de contratación.
Con este sistema, tanto organizaciones como personas interesadas en contratar con el Estado ya no deberán entregar información que las entidades públicas ya poseen.
Esta automatización promete agilizar y simplificar los procedimientos, permitiendo a más actores integrarse al mercado estatal sin trámites innecesarios.
El director general, Carlos Pimentel Florenzán, subrayó: “Estamos eliminando obstáculos que carezcan de utilidad práctica”. Enfatizó que los principios de facilitación, celeridad y asesoramiento serán la base para asegurar que nadie pierda su derecho a participar por desconocimiento técnico o por requisitos burocráticos.
Entre los beneficiarios directos de estas reformas se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como los pequeños productores y agricultores familiares. Estos sectores tendrán requisitos de inscripción y actualización mucho más simples en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), facilitando su acceso real a los procedimientos de contratación pública y promoviendo su participación activa en el mercado estatal.
La regulación también contempla condiciones especiales para personas físicas nacionales que arrienden inmuebles a entidades estatales, con requisitos diferenciados según el valor, la ubicación y la naturaleza del inmueble. Esto busca hacer más accesibles y sencillos los trámites para quienes ofrecen espacios para uso oficial.
Por otro lado, la DGCP dispuso que la asignación de actividades comerciales a los proveedores se base en lo registrado ante la DGII, asegurando uniformidad en la información pública y restringiendo la participación a procesos vinculados con la especialidad de cada proveedor.
La normativa también formaliza los procedimientos para organizaciones laborales, condominios, cooperativas, instituciones de educación superior y asociaciones sin fines de lucro. Además, otorga plena validez a la firma digital o electrónica en todos los trámites, lo que agiliza la gestión documental y reduce tiempos de respuesta.
El reglamento entrará en vigor noventa días hábiles después de su publicación en el portal institucional de la DGCP y su aplicación será gradual mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). El documento completo ya está disponible para consulta en dgcp.gob.do.
Con la emisión del Reglamento núm. DGCP-SNCP-01-2026, la DGCP impulsa una gestión pública más ágil y transparente, facilitando el acceso de proveedores al mercado estatal y simplificando los procedimientos administrativos. Este es el primero de los seis reglamentos previstos en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, orientados a reforzar el marco jurídico del sector.
El nuevo enfoque busca que el RPE funcione como una base de datos sólida y confiable, capaz de prevenir inhabilidades y asegurar procesos más seguros para todos los participantes. La integración de controles automáticos pretende optimizar la eficiencia de la administración y garantizar que cualquier interesado tenga oportunidades reales de participar en las contrataciones públicas bajo condiciones claras y ordenadas.
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