
Una nueva fase en la modernización institucional de República Dominicana comenzó con la llegada de la asistencia técnica de la CEPAL, que promete rediseñar el modo en que el Estado interactúa con la ciudadanía.
El proceso, que se extenderá durante seis meses, busca definir el modelo de gobernanza digital más adecuado para fortalecer los servicios públicos del país y establecer herramientas regulatorias inspiradas en los estándares regionales.
El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de la Administración Pública (MAP) y se desarrolla en dos frentes complementarios. Por un lado, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) lidera la identificación de iniciativas y reformas legales necesarias para avanzar en la interoperabilidad de los trámites estatales, priorizando la entrega de valor público mediante resultados tempranos y sostenibles.
El objetivo es que las instituciones públicas puedan compartir información de forma eficiente y segura, agilizando así la atención a la población.

En paralelo, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE) introduce herramientas innovadoras para la toma de decisiones, como el Simulador de Transformación Digital y la Metodología RESMA (Regulatory Sandbox Maturity Assessment). Estas herramientas permitirán a organismos públicos y privados evaluar la madurez de los marcos regulatorios y diseñar políticas fundamentadas en datos concretos.
La misión técnica incluyó encuentros con figuras clave del Gobierno dominicano. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, manifestó el compromiso estatal y la voluntad política para llevar adelante los cambios, subrayando el valor del acompañamiento brindado por la CEPAL.

También participaron autoridades del MAP, como Armando Manzueta, Alan Jiménez y Sheyla Castillo, así como representantes del Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Competitividad, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OGTIC y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Todo este esfuerzo se inserta en el Laboratorio de Transformación Digital para América Latina y el Caribe (DLAB), una iniciativa de la CEPAL apoyada por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). El plan contempla la selección y puesta en marcha de proyectos digitales de corto y mediano plazo, adaptados a las prioridades nacionales y con acompañamiento permanente de especialistas internacionales.
La expectativa es que, al término del periodo previsto, República Dominicana cuente con una hoja de ruta clara para su transformación digital, capaz de garantizar sostenibilidad y eficiencia en la gestión pública.
El país se posiciona como referente digital en América Latina y el Caribe
El liderazgo digital regional de la República Dominicana se consolida a través de una secuencia de hitos recientes que evidencian su apuesta por la modernización institucional y la eficiencia en los servicios públicos. El país fue elegido para asumir en 2026 la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), una designación que fortalece su posición como referente en la transformación digital de América Latina y el Caribe. Esta distinción, promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es vista como un reconocimiento a la innovación, la transparencia y el avance tecnológico impulsado desde la administración dominicana. Así lo informó el portal oficial del gobierno dominicano presidencia.gob.do.
En paralelo, la República Dominicana alcanzó en junio de 2025 el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe en regulación digital, según el “ICT Regulatory Tracker 2024” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La evaluación otorgó a la nación una puntuación de 97, posicionándola en el cuarto puesto mundial junto a países como Bélgica, Dinamarca, Pakistán y Portugal, informó presidencia.gob.do. Este resultado subraya la solidez y alineación del marco regulatorio dominicano con los estándares internacionales más exigentes en materia digital.
El compromiso institucional también se refleja en el plano de la administración pública. En noviembre de 2023, el Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 40 millones para reforzar la capacidad estatal en el diseño e implementación de políticas públicas y optimizar los trámites gubernamentales. Según bancomundial.org, la meta es reducir en al menos un 30% el tiempo de gestión de 500 trámites clave en sectores como educación, salud, agricultura, medio ambiente y agua. Este proyecto persigue incrementar tanto la eficiencia como la calidad del servicio a ciudadanos y empresas.
La dimensión social de la transformación digital está presente en las iniciativas por la inclusión. En julio de 2024, el país participó en la consulta digital mundial sobre inclusión digital organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). República Dominicana, en colaboración con el capítulo local de la Internet Society (ISOC-DO), evaluó el estado del Pacto Digital Global y aportó a la consulta global de 100 días sobre este tema, informó undp.org. El objetivo de esta consulta es fomentar propuestas orientadas a reducir brechas y garantizar que el desarrollo tecnológico beneficie a todos los grupos sociales.
La concertación de estos logros y esfuerzos demuestra que el avance digital dominicano no solo depende de la modernización tecnológica, sino que se apoya en el acompañamiento de organismos multilaterales y en la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenibles.
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