Red transnacional de narcotráfico dirigida desde República Dominicana fue desmantelada por la DEA

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que han logrado desmantelar una red transnacional de narcotráfico y armas, cuya dirección se ejercía desde la República Dominicana, lo que pone en evidencia la creciente conexión entre organizaciones criminales internacionales y operaciones en el noreste del país.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA), la estructura operaba mediante múltiples intermediarios en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, instruidos directamente desde territorio dominicano, y ya se han formalizado cargos que contemplan severas penas de prisión para los implicados.

El informe difundido el martes por la DEA describe cómo el ciudadano dominicano Manolin Vargas D’Olon, conocido como “Robelin”, de 30 años, mantenía el control de la red criminal incluso tras ser detenido en mayo de 2025 por causas estatales en Connecticut.

El análisis forense de uno de sus teléfonos móviles expone almacenamiento de archivos de pornografía infantil, lo que llevó a una acusación aparte dictada por el gran jurado de New Haven el 9 de diciembre. De ser hallado culpable de este delito, la pena máxima prevista asciende a 20 años de prisión.

La investigación, encabezada por la DEA y el fiscal federal de Connecticut, David X. Sullivan, incluyó la realización de más de 30 compras controladas.

Estas transacciones permitieron el decomiso de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y un total de 17 armas de fuego; así lo precisaron las autoridades en declaraciones recogidas en el informe.

El análisis revela que parte del fentanilo incautado se encontraba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética que no figuraba en las listas de sustancias controladas al momento y cuya detección creciente en mezclas de drogas ha elevado el riesgo de sobredosis fatales.

Entre los seis detenidos destacan los dominicanos Manolin Vargas D’Olon (“Robelin”), álvaro Pérez (40 años) y Anderson Amador Nova (35 años), todos residentes en Waterbury, Connecticut; Giovanni Benoit (41 años), de Nueva York; ángel Vásquez (“Bebo”, 36 años), de Hamden; y Andy Martínez (46 años), de Paterson, Nueva Jersey.

Un comunicado de la DEA señala que: “Un ciudadano dominicano, que reside en República Dominicana, coordina la distribución de narcóticos y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, a través de múltiples redistribuidores en esas ubicaciones”.

Según consta en los documentos judiciales citados en la investigación, Vargas D’Olon no solo controlaba la logística del narcotráfico, sino que se le atribuye la capacidad de ordenar acciones violentas contra individuos dentro de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance de las operaciones de la organización.

Las acusaciones formales alcanzan tanto la conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, como delitos asociados con tráfico y posesión de armas de fuego.

Vargas D’Olon enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por narcotráfico, mientras Benoit, Pérez y Amador Nova se exponen a un mínimo de cinco años y un máximo de 40 años.

Vásquez tiene una exposición máxima de 20 años. Varios de los implicados, incluidos Vargas D’Olon, Benoit, Pérez, Amador Nova y Vásquez, están imputados por distribución de sustancias controladas; a su vez, Vargas D’Olon, Benoit, Vásquez y Martínez enfrentan cargos específicos por conspiración para el tráfico de armas.

Las investigaciones llevaron a la detención provisional de Vargas D’Olon, Pérez y Amador Nova, mientras que Benoit y Martínez recibieron libertad bajo fianza, sometidos a arresto domiciliario, según detalló el fiscal federal Sullivan.

Adicionalmente, Vargas D’Olon fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego por su estatus migratorio irregular; Vásquez, de tenencia de arma de fuego siendo ya un delincuente condenado; y a ambos junto a Benoit se les imputa la transferencia ilegal de armas de fuego. Estos delitos pueden conllevar hasta 15 años de cárcel por cada cargo.

La multiplicidad de delitos atribuidos y el tipo de sustancias involucradas configuran uno de los casos de mayor relevancia reciente en el combate al narcotráfico en el noreste de Estados Unidos, según las autoridades federales estadounidenses.