La oposición desconfía del “giro” de Milei y espera a conocer la letra chica de los proyectos sobre Malvinas

“Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”. Los posteos del diputado Juan Grabois tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas resumen la actitud de los sectores de la oposición dura y dialoguista en el Congreso, que se mostró abierta a debatir los proyectos de ley anunciados por la Casa Rosada pero desconfía de las verdaderas intenciones de los libertarios.

El jueves, a través de una cadena nacional, el Presidente presentó un paquete de medidas ante lo que definió como un “peligro claro y urgente” para la soberanía argentina: el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.

Milei anunció que firmaría un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios ya previstos en la ley 26.659 contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a la extracción de hidrocarburos sin autorización argentina, con la posibilidad de inhabilitarlos para operar en el país y someterlos a juicios en ausencia. También adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece esas sanciones, las extiende a otras actividades económicas en las islas -como pesca, turismo y ganadería ovina- y crea un Consejo de Seguridad Nacional que articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para proteger infraestructura crítica y los espacios aeroespacial y marítimo del país.

Como parte del mismo anuncio, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con la aceleración de la construcción de la base naval integrada de Tierra del Fuego como prioridad, a la que definió como un futuro “polo logístico” estratégico en el Atlántico sur.

Desde el peronismo remarcan que la ley para sancionar a las empresas que explotan recursos naturales sin autorización argentina ya existe desde 2011 y que las obras de la base naval integrada de Tierra del Fuego comenzaron en 2002. En esa línea, denunciaron que no hubo un interés real del Gobierno de aplicar la ley y que durante tres años se “paralizaron” los trabajos en Ushuaia.

Pero a pesar de todo, fuentes del peronismo consultadas por Infobae ratificaron su predisposición a debatir los proyectos de ley que envía la Casa Rosada. “Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”, dijo el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Aunque también adelantaron que no compartirán ninguna iniciativa que implique la injerencia de Estados Unidos ni el uso compartido de la futura base con las fuerzas armadas norteamericanas.

Por otro lado, ante el pedido de Milei al Congreso para que le dé al futuro Consejo de Seguridad Nacional las “facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, desde la Coalición Cívica advirtieron que existe un “límite innegociable”.

“No hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes. La ‘unidad’ para defender la soberanía argentina no requiere que ningún gobierno, cualquiera sea su signo político, ni el Presidente ni sus funcionarios, concentren más poder por fuera de la Constitución”, detalló el “lilito” Maximiliano Ferraro.

Más allá de los futuros debates sobre proyectos de ley. Los anuncios de Milei sirvieron como disparador para otros reclamos. Por ejemplo, el radical disidente Pablo Juliano pidió que el Gobierno convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 (lleva más de 2 años sin funcionar), dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio y restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que se eliminó en el Presupuesto 2026.

Asimismo, desde la oposición no dejaron pasar la oportunidad para señalar algunas contradicciones en el discurso oficialista, como la caída en las partidas presupuestarias destinadas a la defensa nacional. En concreto, explicaron que el gasto en 2020 era del 0,63% del PBI, mientras que ahora ronda el 0,28% del PBI.

Según pudo saber Infobae, los proyectos del Poder Ejecutivo llegarían al Congreso recién a mediados de la semana que viene.