El Gobierno informó que 14 mil extranjeros fueron expulsados del país en los últimos seis meses

La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses, una cifra que comunicó a través de un video publicado en sus redes sociales. Según detalló la funcionaria, las personas deportadas registraban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o habían intentado ingresar al país sin cumplir la normativa vigente. El anuncio va en línea con el último reporte de la cartera de Seguridad, que había comenzado a documentar la cifra meses atrás.

Los números actuales, en efecto, representan una aceleración respecto de los datos difundidos semanas antes. A fines de enero, Monteoliva había informado que en solo dos meses —diciembre y lo transcurrido de ese mes— casi 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados. En aquel momento, la funcionaria calificó esas cifras como un récord para los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las atribuyó al refuerzo de los operativos de seguridad dispuesto por la gestión.

En el video difundido en sus redes, Monteoliva sintetizó la política oficial con una frase directa: “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”. La funcionaria enmarcó las expulsiones dentro de lo que denominó “orden migratorio y seguridad nacional”, en línea con el discurso que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión actual.

El perfil de las personas expulsadas abarca distintas categorías. Según Monteoliva, el universo de los 14.000 casos incluye individuos con antecedentes penales, personas con alertas rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ciudadanos con impedimentos legales para ingresar al territorio nacional, extraditados y quienes intentaron cruzar la frontera sin respetar los requisitos migratorios. En una publicación anterior en la red social X, la ministra había sido más explícita: “Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”.

La estrategia no se limita a los controles en pasos fronterizos. Durante los meses previos al anuncio de los 14.000 casos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron operativos en distintos sitios. Uno de ellos fue la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento abarcó galerías, locales y puestos callejeros.

Para la identificación de los presentes, los agentes utilizaron el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil de verificación rápida, y cruzaron la información con bases de datos como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. El resultado arrojó 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes se les labraron actas de Declaración Migratoria y se les exigió regularizar su condición.

Aquel operativo también dejó al descubierto irregularidades en cuatro comercios de la feria. Dos de ellos infringían la Ley de Marcas número 22.362, y en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. Los agentes secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas.

Como consecuencia del procedimiento, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los bienes incautados.

Monteoliva subrayó que el enfoque del Gobierno apunta a que “en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”. Las autoridades sostienen que la combinación de tecnología biométrica en operativos urbanos y el refuerzo de la vigilancia en los principales puntos de acceso al país es lo que permitió alcanzar las cifras registradas en el período.