El Gobierno afirma que se mantendrá al margen del caso $LIBRA y minimiza el impacto de las nuevas revelaciones

A pesar de las nuevas revelaciones en el marco de la causa $LIBRA que ahora salpican a más integrantes del Gabinete, y la apertuna de denuncias paralelas por las filtraciones, en el Gobierno aseguran que se van a mantener firmes con la decisión de no involucrarse en la investigación y niegan que vayan a tomar alguna medida al respecto, mientras avanzan los pedidos de informes por parte de la oposición en el Congreso.

En los últimos días, el tema volvió al ojo público luego de que se conociera un presunto contrato en el que se insinuaba que el presidente Javier Milei iba a recibir unos cinco millones de dólares, en tres pagos, por la difusión de la criptomoneda.

Posteriormente, también se publicó un supuesto intercambio entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el lobista Mauricio Novelli, uno de los imputados de este caso.

También circularon en las redes sociales conversaciones similares, en las que incluso aparecía el propio jefe de Estado, pero que se comprobaron que eran falsas.

De todas formas, estas filtraciones sí molestaron a las autoridades de la Casa Rosada que, tal como anticipó este medio, reclamaban que la Procuración General de la Nación tomara cartas en el asunto como efectivamente sucedió.

El organismo, que encabeza Eduardo Casal y que depende del Poder Judicial, abrió una investigación interna para saber qué fue lo que ocurrió y encontrar a los responsables de que todos estos datos del expediente hayan salido a la luz.

Por su parte, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró en declaraciones periodísticas que ningún integrante del Gobierno solicitó formalmente esta medida.

“Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente, ni ningún ministro, la hizo el procurador general, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la ‘DATIP’ (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)”, señaló.

En este mismo sentido, fuentes de la cartera aseguraron a Infobae que tampoco van a aportar más información propia a la causa, como se hizo mediante la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por la Oficina Anticorrupción (OA) en febrero del 2025 y disuelta tres meses después.

“Ya se hizo todo lo que correspondía y se acompañó en todo lo que se debía el expediente. El Ministerio está totalmente al margen de esto, porque no se mete en causas en trámite”, remarcó un miembro de la mesa judicial libertaria.

De la misma manera, y a pesar de que ahora se involucró a Pettovello, la Procuración del Tesoro Nacional, que sí se encuentra en la órbita del Ejecutivo, no tiene previsto ninguna medida.

“No tenemos ninguna relación con este asunto. No tenemos nada que ver porque nuestra tarea es defender al Estado”, manifestaron desde ese sector.

El área ya está en manos de Sebastián Amerio, el ex secretario de Justicia que fue reemplazado por Santiago Viola cuando Mahiques llegó al Ministerio para suceder a Mariano Cúneo Libarona.

Mientras tanto, la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso se reunió el lunes y adelantó que les va a pedir informes escritos a todos los funcionarios involucrados, desde Milei y su hermana Karina, hasta el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ex funcionario Demian Reidel.

Además, el cuerpo aclaró que buscará “desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional”.

“Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación premeditada. Por eso van a tener que responder en la justicia y el Congreso”, consideró el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, al frente de la comisión.

El punto de mayor tensión en la actualidad radica en los resultados de las pericias realizadas sobre los dispositivos móviles de Mauricio Novelli, uno de los principales responsables de la firma.

Según fuentes judiciales, el entrecruzamiento de llamadas indicaría que el mandatario habría mantenido comunicaciones con los desarrolladores del token Libra apenas minutos antes de la publicación del mensaje promocional en sus redes sociales.

En tanto, la defensa técnica del jefe de Estado ha quedado centralizada en el abogado particular Francisco Oneto, ya que desde un inicio se buscó separar la responsabilidad personal del Presidente de su rol institucional.

La controversia se remonta a principios de 2025, cuando Milei utilizó su cuenta de X para difundir el contrato de la criptomoneda, una plataforma que prometía rendimientos extraordinarios en dólares mediante un algoritmo de inversión automatizado.

En ese momento, se argumentó que la iniciativa era para financiar a pequeñas y medianas empresas, pero terminó en una operación que, según se investiga, habría representado un fraude en contra de decenas de personas que sufrieron pérdidas millonarias.

Hacia finales de ese año, la justicia federal unificó las denuncias bajo la carátula de estafa y asociación ilícita. La querella, representada por organismos como el CIPCE, sostiene que el respaldo público del Presidente fue el factor determinante para la captación de víctimas, y alegan la existencia de un presunto pago de comisiones que no fue declarado.

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