Régimen Penal Juvenil: el oficialismo avanzó con el dictamen y tiene el camino despejado para aprobarlo mañana en Diputados

El oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados quedarse con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho logró 81 firmas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia gracias al apoyo del PRO, la UCR, MID y bloques provinciales.

El proyecto establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”, afirmó Laura Rodríguez Machado, diputada nacional y presidenta del plenario de comisiones.

Ayer el Gobierno había enviado un proyecto que insistía con bajar la edad de imputabilidad a 13 años pero a las pocas horas lo retiró porque sus principales aliados, el PRO y la UCR, se mantuvieron firmes en fijar el límite en 14 años. Para no correr riesgos, el oficialismo respetó el consenso que se había alcanzado el año pasado.

Por otro lado, el nuevo proyecto establecía, en el artículo 51, bajo el título de Asignación Presupuestaria, un monto específico de $23.739.155.303 para su implementación, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia ($3.131.996.784) y cuánto a la Defensoría General de la Nación ($20.607.158.518).

En la versión del texto que llegó a dictaminarse el año pasado, pero que perdió estado parlamentario en diciembre, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se cubrirían mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. Eso generó malestar entre los gobernadores, que amenazaron con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.

Desde el PRO y la UCR adelantaron que mañana acompañarán en el recinto. En cambio, el interbloque Unidos -salvo los diputados de Córdoba- presentó un dictamen propio que propone bajar la punibilidad a los 14 con progresividad de las penas, régimen especializado e institutos dirigidos por civiles por fuera del sistema penitenciario. Desde el bloque dejaron trascender que en la sesión votarán a favor de la ley en general y marcarán algunas diferencias al momento de la votación en particular.

“Lo que estamos haciendo es adecuar nuestra legislación a los mandatos constitucionales. En Chile y Colombia el límite es 14 años, en Brasil 12 y en Uruguay 13. Según la estadísticas de estos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó un 28% la reincidencia”, explicó la bullrichista Silvana Giudici.

Por su parte, el peronismo presentó dos dictámenes. El primero, similar al que impulsaron el año pasado, que dejaba la edad de imputabilidad en 16 años y ponía el énfasis en las políticas de contención y resocialización. “Nuestro dictamen propone un régimen especializado, no punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, detalló Victoria Tolosa Paz.

En tanto, los diputados peronistas del Frente Renovador presentaron un proyecto propio que baja la edad de punibilidad a los 14 años pero seguía los lineamientos del Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.

Desde el massismo adelantaron que, si bien tienen fuertes críticas al proyecto del oficialismo, por ejemplo la falta de un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino), a la hora de la votación acompañarán la baja de la edad de imputabilidad para respetar “la posición histórica” del Frente Renovador.

Con el apoyo del PRO, la UCR, MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales como Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones), el oficialismo tiene garantizado el quórum y la aprobación en general del proyecto. Pero algunas fuerzas ya adelantaron que pedirán modificaciones respecto del financiamiento y para asegurarse que las detenciones no podrán ser en lugares anexos a donde hay mayores cumpliendo pena.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.