El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, instruyó a las dos representantes de su espacio político en el Congreso, llamado La Neuquinidad, a presentar un proyecto de ley de Ficha Limpia más restrictivo que el que naufragó en el Senado en 2025.
El 31 de diciembre, a través de las redes sociales, la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza comunicaron que presentarían en ambas cámaras, de forma simultánea, un proyecto que tomará como base la ley que fue sancionada en la Legislatura provincial de Neuquén a principios del año pasado.
La norma podrá comenzar a ser tratada recién en el próximo período de sesiones ordinarias que comenzará el 1 de marzo, ya que el rechazo que sufrió el proyecto impulsado por el PRO y La Libertad Avanza el pasado 7 de mayo impedía que el tema vuelva a ser debatido durante el resto de 2025.
El nuevo proyecto también impide que las personas condenadas por delitos de corrupción, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito puedan ser candidatos a cargos electivos o partidarios, siempre y cuando la sentencia haya quedado confirmada por una segunda instancia.
Pero a diferencia del proyecto que fracasó hace unos meses, también se incluyen los delitos dolosos comunes o federales, el tráfico de estupefacientes y los delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la Ley Nacional 27.430.
Por otro lado, también quedan excluidas las personas inhabilitadas mediante juicio político o destituidas de sus funciones por otros mecanismos legales.
“Queremos seguir honrando la palabra. Vamos a presentar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de Ficha Limpia. Esa Ficha Limpia que ya está aprobada en la provincia de Neuquén y que queremos que la República Argentina también la respete”, dijo el gobernador Figueroa.
Durante la última década hubo varios intentos de aprobar una ley de Ficha Limpia. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.
En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero en dos oportunidades naufragó su debate en la Cámara de Diputados por falta de quórum.
Por aquel entonces, el núcleo libertario decía no estar de acuerdo con la iniciativa. Los tuiteros más cercanos al Presidente y al asesor presidencial Santiago Caputo afirmaban que, si existiera esa ley en Estados Unidos, “Trump no hubiese podido competir, porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada”. Sin embargo, a fines de ese año Milei decidió redactar su propia versión junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargossi, la cual obtuvo media sanción en Diputados.
En el Senado el proyecto obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria (37) para ser sancionado, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.
Una vez consumado el rechazo, la cuenta institucional de La Libertad Avanza (LLA) no ahorró críticas. En un tuit marcaron que “mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”.
Desde el PRO plantearon que todo había sido una maniobra del Gobierno. Desde las filas macristas aseguraban que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto y terminaron de inclinar la balanza habían sido, hasta el momento, aliados del oficialismo. En esa línea, denunciaban que la Casa Rosada no quería que salga la ley para que CFK fuera candidata y beneficiarse electoralmente de la polarización.
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