
Sara Goldring fue la primera mujer en entrar a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), ubicada en el casco histórico de la capital de Uruguay. Viajaba dos veces por año para formarse en Estados Unidos y se convirtió en una gurú de las finanzas, que sabía todos los secretos del mundo de los negocios. A muchos de los que confiaban sus ahorros en ella les hizo ganar fortunas, de acuerdo a un perfil de esta empresaria publicado por El Observador.
Goldring sabía que, por ejemplo, cuando los operadores bursátiles de Wall Street se iban a almorzar era el momento de comprar. Ella estaba horas monitoreando en su mesa seis pantallas de Bloomberg con los precios de las principales acciones. Almorzaba en su escritorio. No quería perderse el minuto a minuto.
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Desde ese lugar Goldring también vio cómo se derrumbó.

Goldring pasó de ser la “diosa” –en sus propias palabras– a ser una diabla que ahora enfrenta una pena de prisión de cuatro años acusada de estafar a sus clientes, de acuerdo al pedido del fiscal Enrique Rodríguez. Y también busca llegar a un acuerdo con ellos.
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La corredora de bolsa uruguaya –que estaba al frente de Custodia Valores Mobiliarios (CVM)– vio cómo el saldo en las cuentas de sus clientes se desplomaba y decidió esconder esa información. Fue en 2022 que la empresa informó que enfrentaba pérdidas millonarias y una investigación reveló que utilizaba fondos de algunos inversores para compensar las pérdidas de otros.
De acuerdo a su versión, la desvalorización estaba explicada por la debacle que tuvieron durante la pandemia las acciones de empresas que cotizaban en Nasdaq. Y el ocultamiento de esta información llevaron a que Goldring esté imputada por apropiación indebida y ahora deba enfrentar la máxima pena para este delito.
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Para el fiscal que sigue el caso, la corredora se apropió de forma indebida de USD 21 millones que pertenecían a los ahorristas.
¿Cómo fue la maniobra? La corredora se amparó en el mandato de libre administración que le habían dado los clientes para vender opciones de put para la cartera de clientes que tenían un perfil agresivo. En los bancos del exterior operaba a través de la modalidad de “cuenta ómnibus” –de varios clientes–, una práctica habitual en el mercado.
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La venta de puts es una operación que implica que el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender un activo, que en este caso eran acciones de empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Se trata de una operación que implica un riesgo alto porque, si bien pueden generar importantes beneficios, si el precio de las acciones baja más allá del valor acordado previamente pueden haber grandes pérdidas.
Según el relato del fiscal, los clientes que tenían posiciones en la cuenta ómnibus y que no habían invertido en operaciones put, vieron afectados sus valores porque fueron utilizados “en forma indebida e inconsulta por la acusada para solventar las pérdidas sufridas por los clientes”.
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El intento de acordar
CVM tenía unos 479 clientes, de los cuales unos 120 tenían un perfil inversor moderado y otros cinco un perfil conservador, informó El Observador. Había uno que no había definido su perfil y otros 353 que tenían un perfil agresivo. Algunos pocos clientes tenían fondo de USD 1 millón a USD 2 millones en su cuentas y había otros pocos con USD 50 mil. Pero la media estaba entre los USD 100.000 y los USD 300.000.
Tras la acusación del fiscal Rodríguez, la ahora ex corredora de bolsa busca dar por cerrado el tema e intenta acordar con los damnificados para devolverles un 60% del total de los activos que les pertenecían.
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La propuesta cuenta con el visto bueno de la Liga de Defensa Comercial –la interventora de la empresa–, al tiempo que algunos de los damnificados ya han adherido al acuerdo. Otro grupo de inversores se niega por completo. Los plazos originales que había establecido la interventora vencieron, pero aún se está a tiempo de cerrar un acuerdo porque se desconoce cuándo empezará el juicio oral.
Hasta ahora se ha alcanzado el 60% de las firmas y se requiere una mayoría del 75% de los créditos reconocidos para dar por cerrado el acuerdo. Con esto, el juicio penal se cerraría.
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De acuerdo a la versión del medio uruguayo, los inversores que se oponen al acuerdo entienden que esta propuesta solo beneficia a Goldring, que tiene un patrimonio millonario. Pero los cercanos a la vieja corredora señalan que tiene 76 años y que su reputación ya fue dañada.
Los allegados a Goldring estiman que se llegará a cubrir unos USD 13 millones de los USD 21,8 millones de deuda estimada total.
El acuerdo propuesto señala: “Se ofrece asimismo el efectivo propiedad de CVM que resulte una vez cubiertos los pasivos y pagos pendientes (despidos, honorarios, etc), los saldos positivos que surjan concluidos los juicios y abonado el pasivo de United Brokers SA, la otra sociedad propiedad de Goldring, que operaba en zona franca, así como la venta de bienes”.
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Pero hay un grupo de damnificados que asegura que se les debe unos USD 100 millones y tienen la esperanza de que en Estados Unidos haya cuentas con más dinero.
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