Barrionuevo busca otra reelección en el Sindicato de Gastronómicos y cerrar la pelea con Dante Camaño en la Seccional Capital

Luis Barrionuevo será reelegido nuevamente en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) tras las elecciones de este lunes que se realizan en todo el país, aunque la pelea con Dante Camaño, su ex cuñado, se mantiene en la Seccional Capital del sindicato y todo indica que el conflicto seguirá judicializado.

Los comicios del 18 de septiembre pasado se habían suspendido por un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero hace 10 días esos mismos camaristas autorizaron a la Junta Electoral de la UTHGRA a fijar una nueva fecha para las elecciones en el sindicato, que fue fijada para este 29 de diciembre en todas las seccionales del país.

De esta forma, Barrionuevo se encamina a comenzar otro mandato en el gremio que conduce desde 1985 ya que a nivel nacional no tiene lista opositora: la Junta Electoral no oficializó en septiembre la nómina liderada por Juan Castro, a quien secunda el propio Dante Camaño.

La confianza en la legalidad de la elección es tanta que el oficialismo de la UTHGRA anunció que Barrionuevo asumirá este martes su nuevo mandato hasta 2029 durante un acto que se realizará, a las 10, en la sede del sindicato, ubicada en avenida de Mayo 930, CABA.

El acto, según informó oficialmente el barrionuevismo, “contará con la presencia de representantes de la CGT, invitados especiales y representantes de las cámaras empresarias hoteleras y gastronómicas, junto a autoridades sindicales y referentes del sector”.

El sector identificado con Barrionuevo afirmó que la disputa interna en la Seccional Capital de la UTHGRA tiene su origen en las elecciones correspondientes al período 2021-2025, en las que una sucesión de decisiones judiciales, incluyendo un reciente dictamen del fiscal del Tribunal Supremo de la ciudad, marcaron el destino de las autoridades legítimas del gremio.

Según la postura del oficialismo, respaldada por fallos previos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y rechazos de apelaciones y recursos extraordinarios, el proceso judicial consolidó la invalidez de los comicios impulsados por Camaño en la seccional porteña.

En los últimos pronunciamientos, destacan que el dictamen del fiscal rechazó la posición de la lista opositora, consolidando la sentencia firme, lo que, para el oficialismo, deja sin autoridad a la conducción promovida por Camaño.

El núcleo de la controversia reside en la elección del 18 de septiembre, que, según los representantes de Barrionuevo, fue organizada de manera unilateral. Explican que la Junta Electoral carecía de facultades dado que la elección nacional había sido suspendida por una medida cautelar, y el único argumento de los opositores se sostiene en una resolución judicial emitida cuando, en febrero del año anterior, no pudieron afrontar el pago de sueldos. Aquella medida cautelar, precisan desde el oficialismo, les permitió administrar fondos provisoriamente y cumplir con las obligaciones pendientes, pero no les confería la potestad para convocar ni legitimar elecciones seccionales.

De acuerdo con la interpretación del barrionuevismo, la Sala IX de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se había pronunciado categóricamente al avalar la suspensión de los comicios en 2021, ratificando que la intervención de UTHGRA Nacional y su Junta Electoral Central fue ajustada tanto a Derecho como al estatuto del gremio. En esa línea, enfatizan que la cautelar que pretendían utilizar los opositores perdió vigencia una vez que la Corte Suprema ordenó un fallo definitivo, y que dicha sala rechazó el último recurso extraordinario presentado.

Este encadenamiento judicial, subrayan, deja establecida la “sentencia firme” y torna inválidos todos los actos de la conducción de Camaño: “Ellos no son autoridad y es inválida esa elección que hicieron el 18 de septiembre”, aseguraron en el entorno de Barrionuevo.

Cuando el llamado a elecciones se reabrió, aseguran desde el sector de Barrionuevo que el grupo de Camaño optó por no presentar lista ante la Junta Electoral interventora. Sólo la Lista Azul, del barrionuevismo, formalizó su nómina encabezada por Humberto Ballhorst, lo que determinaría su victoria automática en la seccional porteña: “En CABA va a ganar la Lista Azul porque es la única”, dijeron.

Para el oficialismo, cualquier intento de revalidar la elección paralela del 18 de septiembre no cuenta con respaldo legal ya que la certificación de autoridades seccionales corresponde exclusivamente a UTHGRA central y no a la Secretaría de Trabajo, que, según afirman en el barrionuevismo, carece de competencia para este acto de acuerdo con el estatuto sindical.

La situación en la Seccional Capital de Gastronómicos contrasta con la dinámica electoral que, según indicaron desde el oficialismo, se desarrolla de manera normal en el resto del país: “Las elecciones sindicales avanzan sin obstáculos en todas las seccionales, incluyendo aquellas donde existen listas opositoras, como Bariloche, Catamarca, La Rioja y Villa Mercedes (San Luis)”, destacaron, mientras informaron que se presentó una cautelar para suspender la votación en la Seccional Mendoza que fue rechazado por la Justicia.

Por su parte, el sector de Camaño advirtió que las elecciones en la UTHGRA enfrentan una situación de "extrema incertidumbre jurídica" debido a decisiones judiciales contradictorias y apelaciones aún en trámite, lo que afecta tanto a la conducción nacional que encabeza Barrionuevo como a la de la Seccional Capital.

Según fuentes de la disidente Seccional Capital, la pelea entre Barrionuevo y su ex cuñado se complica por una reciente medida cautelar de la Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que generó cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral.

Desde la Seccional Capital explicaron que el pasado viernes se dictó una medida cautelar emitida por esa Cámara suspendiendo la elección. Si bien la controversia se refiere a la Seccional Córdoba del sindicato, aclararon, la parte resolutiva del fallo “parece extender la suspensión a todo el país, abriendo el camino a un escenario de conflicto jurídico nacional”.

La fuente aclaró que todavía “hay recursos pendientes de interponer” y que la elección se realizó “cuando la sentencia no estaba firme”, lo que representa “un riesgo para su validez jurídica”. Entre los cuestionamientos, señalaron que “la medida cautelar de la Sala V suspendió la elección y en la parte resolutiva no lo limita a la seccional”, generando así dos tipos de riesgos legales: por un lado, la suspensión de las elecciones en términos generales y, por otro, el hecho de que las resoluciones judiciales sólo pueden ejecutarse “una vez que están consentidas”, algo que no habría ocurrido.

En ese sentido, subrayaron que “todavía no está corriendo el plazo para interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”, que se agrava por la controversia sobre quién ejerce el rol de tribunal de alzada de la Cámara Nacional de Apelaciones. Según el camañismo, esto implica que la definición final sobre la legitimidad de la elección podría dilatarse, impactando en la gobernabilidad de la UTHGRA a nivel nacional.

Adicionalmente, la Seccional Capital deberá afrontar su propia controversia interna, ya que la gente de Camaño, cuando convocó la Junta Electoral designada por la conducción seccional, llevó la elección adelante teniendo mandato vigente para una cautelar. Según la evaluación de la misma fuente, “la gente de Barrionuevo querrá hacer valer lo que estén votando tanto a nivel nacional como para la Seccional Capital”. La consecuencia inmediata, advirtieron, será la existencia de “dos conducciones” sindicales “cuya legitimidad y legalidad sólo podrá determinarse judicialmente”.

La conducción de la Seccional Capital interpretó que el actual proceso electoral expone a la organización a una doble inestabilidad legal, con disputas simultáneas en los niveles nacional y seccional, generadas por resoluciones judiciales en conflicto y la falta de consentimientos firmes sobre los fallos existentes.