La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), se reunirá desde las 11 para dictaminar los diplomas de los 24 legisladores electos que asumirán bancas a partir del 10 de diciembre próximo. La lupa del kirchnerismo y algunos dialoguistas apuntará hacia la actual diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), aunque un dictamen en su contra deberá ser definido en una sesión ya convocada para el viernes 28 del corriente mes.
Desde el interbloque kirchnerista en la Cámara alta, que maneja el formoseño José Mayans, deslizaron a Infobae que disminuyeron las intenciones de observar también los diplomas de la diputada oficialista Nadia Márquez (Neuquén) y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Si subimos tanto la vara, podría jugarnos en contra a futuro”, sinceraron desde un importante despacho cristinista. Todo dicho.
Para justificar la impugnación de Villaverde -realizada por el PJ de Río Negro-, el Frente de Todos eligió a la justicialista y exvicegobernadora de La Rioja, Florencia López, quien integra la comisión con sus compañeros de bancada Sandra Mendoza (Tucumán), Sergio Leavy (Salta), Guillermo Andrada (Catamarca), Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), Silvia Sapag (Neuquén), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Pablo Bensusán (La Pampa). Ocho de 19.
Del otro lado aparecen Vigo -de usual aliada libertaria a opositora feroz en los últimos meses-, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), la larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), el violáceo -todavía con musculosa PRO- Luis Juez; y los radicales Víctor Zimmermann (Chaco), Flavio Fama (Catamarca), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), y el jefe del centenario partido en la Cámara alta, el oscilante Eduardo Vischi (Corrientes). El único oficialista puro es Juan Carlos Pagotto. Será muy interesante ver cómo defiende -si es que lo hace- a su colega legislativa Villaverde del historial relacionado con cocaína en los Estados Unidos y sus vínculos con Fred Machado.
Bajo estos parámetros y, de estar todos presentes, un despacho de mayoría precisará diez firmas. Blanco ya insinuó un rechazo y el kirchnerismo confía en que otros se sumarán. A partir de aquí, empiezan las divergencias, incluso, entre quienes más conocen la mecánica fina del Senado. Por un lado, el dictamen no es vinculante, por ello la necesidad de una resolución por la última instancia del Cuerpo, que es el recinto.
Sobre ello, aún persisten dudas en cuanto a cómo encarar la sesión del viernes 28 de noviembre. Por caso, el reglamento de la Cámara alta deja en claro, en su artículo 8, que “los senadores electos forman quorum para la consideración de sus títulos, pero no pueden votar en los propios”.
Por otra parte, el artículo 9 expresa: “Cuando alguno de los electos sea rechazado, el presidente del Senado lo comunicará al Poder Ejecutivo Nacional, a los gobiernos de provincia y de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda, a los efectos de la nueva elección”. Y ahí se asoman los pocos antecedentes sobre este tipo de situaciones, un fallo de la Corte Suprema y el puñado de incógnitas de los que, por ahora, no saben qué hacer con Villaverde: ¿en qué estado se encuentra esa causa en los Estados Unidos? ¿Vigo se preocupó por requerir información certera y oficial a la justicia norteamericana? ¿La directriz que se utilice después se mantendrá a futuro para similares?
Anoche, una preocupación extra se añadió de cara a las próximas horas, tras la intención del cristinismo de empujar una reunión de Labor Parlamentaria -donde titulares de bancadas fijan una sesión y su respectivo temario, de haber acuerdo- a las 13 horas, con el fin de abrir el recinto mañana. Lo requirió Mayans, en soledad. Varios dialoguistas resisten la jugada, pese a que el kirchnerismo operó para darlo como confirmado. No obstante, la decisión final decantará durante el transcurso de esta mañana. “Una locura hacer esto a días del recambio”, opinó un experimentado radical. El Frente de Todos quiere apurar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), con dos para ellos y uno para la UCR.
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