Jueces federales manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto previsto para 2026

La advertencia de los jueces federales sobre el futuro del sistema judicial se intensificó tras conocerse el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, actualmente en debate en el Congreso.

Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal manifestaron su inquietud por el recorte presupuestario propuesto por el Consejo de la Magistratura –Poder Judicial de la Nación–, que contempla una disminución general del 8% y una reducción del 74% en el rubro de Bienes de Uso.

Según el pronunciamiento de la Junta, la continuidad de estos recortes pondría en riesgo el funcionamiento regular de los tribunales y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial, considerada un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Los jueces subrayaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial son condiciones indispensables para preservar la efectiva independencia del Poder Judicial.

El comunicado enfatizó que el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer sobre las coyunturas económicas. Además, los magistrados advirtieron que asignaciones presupuestarias insuficientes conducen a una infraestructura inadecuada, al deterioro de los salarios y a un acceso a la justicia cada vez más restringido para la población.

En el contexto de la modernización judicial, los jueces señalaron que la plena implementación del sistema procesal penal federal exige recursos adecuados. La reducción del 74% en Bienes de Uso, según alertaron, impediría sostener obras, realizar el mantenimiento edilicio y actualizar la tecnología, elementos que consideran esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno.

Ante este escenario, los integrantes de la Junta reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortaron a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y ajustado a sus necesidades reales. El objetivo, sostuvieron, es resguardar el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible.

Sesiones extraordinarias a diciembre

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y el 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas impulsadas por Javier Milei. La medida podría extenderse a enero y febrero, según informaron fuentes de la Presidencia.

La posibilidad de prórrogas responde a la magnitud de los proyectos en discusión, que incluyen reformas tributaria, laboral y penal, además del presupuesto. El oficialismo prevé que el volumen de debate superará los plazos inicialmente previstos, por lo que se anticipa la necesidad de continuar las sesiones en los primeros meses del año.

A partir de diciembre, el bloque oficialista incrementará su representación en la Cámara de Diputados, sumando más de 100 bancas propias y aliadas, mientras que en el Senado contará con 18 legisladores identificados con La Libertad Avanza.

Este crecimiento busca facilitar la aprobación de las iniciativas, especialmente tras la obtención de un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, liderará las negociaciones con los gobernadores para definir aspectos clave del presupuesto. El Ejecutivo planea convocar a la mayor cantidad de provincias posible, en línea con el pedido de Milei de mantener un enfoque dialoguista en esta nueva etapa.

Entre los puntos en discusión figura la cancelación de deudas con las provincias, gestionada por el ministro de Economía, Luis Caputo. No obstante, el Gobierno descarta por el momento modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para los mandatarios considerados dialoguistas.

La coordinación de las negociaciones también recae en el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde algunas provincias, se exige al Gobierno “gestos concretos” para restablecer la credibilidad y facilitar la relación, tras un año de tensiones y reclamos no resueltos.