La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Debido a que uno de sus artículos fue rechazado, el texto debe volver al Senado para que insista con la redacción original o acepte los cambios. Sin embargo, desde la oposición denuncian que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está demorando el trámite legislativo en un intento de bloquear una eventual sesión antes de las elecciones legislativas.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una nota formal en la cual reclama la “inmediata comunicación” al Senado. “Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, planteó a través de las redes sociales.
Y agregó: “Es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.
Por su parte, las autoridades de la Cámara de Diputados niegan que se trate de una maniobra dilatoria y argumentan que todavía se encuentran dentro de los plazos razonables. En ese sentido, señalan que el viernes pasado no hubo actividad legislativa porque fue feriado y también que en la misma sesión se aprobaron varias interpelaciones -a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones- que debían realizarse ayer. A su vez, explicaron que no existe un plazo legal que deban respetar.
El peronismo en el Senado había dejado trascender que su objetivo era revisar el expediente en comisión hoy para poder convocar a una sesión la semana que viene. Pero sin el dictamen de comisión necesitaría de una mayoría especial de dos tercios del recinto para poder debatir el proyecto, algo difícil de lograr en la recta final de la campaña electoral y especialmente tras el guiño que muchos gobernadores le hicieron al Gobierno al dejar caer el artículo 3.
El proyecto, que había sido aprobado en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
No obstante, el artículo que fue rechazado establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie y en caso de no hacerlo, los decretos perdían validez.
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