El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta mañana para definir si veta la Ley de Financiamiento Universitario

Mañana, en el Día del Maestro, vence el plazo para que el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, vete o normalice la Ley de Financiamiento Universitario.

En este sentido, y luego de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Milei se había expresado: “Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal; mercado monetario ajustado; y en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC!”. Incluso, hasta anoche, en la cúpula nacional aseguraban que no está en los planes realizar ninguna modificación de fondo, ni en el ámbito económico, ni en el político.

Por su lado, y en días previos a este jueves, la conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un video en el que solicita al presidente Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación, y pide su reglamentación inmediata. La normativa, sancionada por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, establece la actualización mensual por inflación de los fondos destinados a salarios y funcionamiento de las instituciones universitarias nacionales.

Las autoridades de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto al rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, difundieron un mensaje dirigido al Poder Ejecutivo para solicitar la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional. El pronunciamiento, publicado en las redes sociales y los canales oficiales de la UBA, reúne la firma de responsables de todas las unidades académicas y refleja un consenso inédito ante la situación financiera actual.

En un video de un minuto de duración, la conducción universitaria manifestó preocupación por la continuidad del funcionamiento académico y las condiciones laborales del personal de la institución. “Queremos seguir enseñando, queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones, que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando. Porque sin ellos, la universidad no sería la misma. Cada vez es más frecuente que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tengan que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes”, expusieron las autoridades.

El reclamo se produce en el marco del debate nacional sobre la ley aprobada el 22 de agosto, que prevé mecanismos de actualización automática de los fondos asignados a salarios y gastos operativos de las universidades públicas, así como la creación de partidas para infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento de las actividades académicas. Además, el texto incluye la convocatoria a negociaciones paritarias para ajustar los sueldos de docentes y no docentes en función de la inflación. La legislación proyecta un crecimiento gradual en el financiamiento estatal: del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, hasta llegar al 1,5% en 2031.

Las autoridades de la UBA recordaron que una iniciativa similar fue aprobada en 2024 y luego vetada totalmente por la Presidencia. Esta decisión, señalaron, derivó en una reducción cercana a la mitad del poder adquisitivo de los salarios del sector, agravada por la falta de recomposición ante la inflación. En marzo, la UBA declaró la emergencia salarial y advirtió sobre el impacto de la situación en el funcionamiento de la vida universitaria y la garantía de derechos para quienes estudian y trabajan.

El comunicado institucional resaltó que “la Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública” y que el reclamo se orienta a la defensa del valor colectivo de la educación pública, más allá de cualquier motivación partidaria. “No se trata de ideologías ni de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que la reglamente cuanto antes”, señalaron.

Por último, la conducción universitaria subrayó la importancia de garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema público de enseñanza superior, y advirtió sobre la necesidad de reglas de financiamiento estables que permitan planificar la vida institucional frente a los desafíos económicos actuales.

Entre quienes reclamaron la reglamentación de la ley figuran, junto a Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, todos los decanos de las facultades de Agronomía, Ciencias Económicas, Ciencias Veterinarias, Ciencias Médicas, Farmacia y Bioquímica, Arquitectura, Derecho, Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Ingeniería, Psicología, Ciencias Exactas y Odontología, además del director del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA.

“Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones, que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando”, declararon en el mensaje conjunto. Destacaron, además, “la importancia de que nadie quede afuera” y la urgencia de proteger la educación pública.

El debate por el financiamiento universitario se enmarca en un contexto de ajuste fiscal, que repercutió en áreas centrales como salud, discapacidad y jubilaciones, contexto señalado por analistas tras el revés electoral reciente del oficialismo. Ahora, resta conocer la determinación que tomará Javier Milei en los días previos al vencimiento del plazo para la promulgación o el veto presidencial.