El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió solicitar formalmente al presidente Javier Milei que no vete las dos leyes aprobadas recientemente por el Congreso Nacional que considera fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y del sistema de salud pública pediátrica.

Justamente, en caso de que el Poder Ejecutivo recurra al veto, también pidió a diputadas y senadores que insistan en la sanción definitiva.

La resolución se adoptó hoy, en una sesión en la que el cuerpo universitario manifestó su respaldo a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente, y a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, ambas aprobadas por el Congreso.

La universidad expresó su preocupación por la situación crítica que atraviesan los hospitales públicos, con especial énfasis en el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, institución de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. El Consejo Superior señaló que el Garrahan “es una institución emblemática de la salud pública argentina”, donde el personal de salud desempeña sus funciones en condiciones “de gran precariedad” y los estudiantes que allí se forman cumplen un rol activo y necesario para su funcionamiento.

Según el texto aprobado, “la falta de actualización salarial, la sobrecarga laboral, la escasez de insumos y recursos básicos, así como la falta de inversión estructural, afectan gravemente el funcionamiento del hospital y atentan contra el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes”. La ley en cuestión declara al Garrahan como hospital de referencia nacional, y encomienda al Ministerio de Salud de la Nación garantizar su funcionamiento pleno mediante una asignación prioritaria de recursos y una recomposición salarial para todo el personal involucrado en la atención pediátrica.

Por otra parte, en la otra resolución se profundiza sobre el escenario presupuestario de las universidades públicas. Allí se detalla que en marzo la UBA declaró la emergencia en materia salarial, y en julio, la emergencia presupuestaria. El texto remarca que durante 2024 “el poder adquisitivo de los salarios ha registrado una pérdida real de casi la mitad de su valor” y que, durante 2025, la recomposición salarial “ha sido menor que la inflación oficial medida por el INDEC”, situación que se agravó ante la falta de convocatoria a paritarias.

A lo largo del documento, se enumeran los factores que han generado lo que definen como un vaciamiento del sistema universitario. Entre ellos se mencionan las prórrogas presupuestarias de los años 2024 y 2025, la ausencia de un nuevo presupuesto aprobado por el Congreso, y la inflación acumulada de 211,4% en 2023 y 117,8% en 2024, que, según la UBA, vuelve “insuficientes las partidas consignadas en el último Presupuesto Nacional aprobado”.

El proyecto de ley, impulsado por la propia universidad junto con el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y los gremios docentes y no docentes, fue presentado el 28 de mayo. Entre sus principales objetivos se incluyen la convocatoria a paritarias, la recomposición salarial ajustada por inflación, la actualización de los montos de funcionamiento y la creación de un fondo para carreras estratégicas.

Además, plantea como destinos prioritarios la mejora de infraestructura, el financiamiento de becas, los colegios preuniversitarios y las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.

La propuesta contempla también una trayectoria de aumento progresivo del presupuesto universitario, con una base del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026, que se incrementaría hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

En 2024, ambas cámaras ya habían aprobado un proyecto de características similares, pero fue vetado por el presidente. “No haber contado con esa herramienta legislativa que garantizara un nivel presupuestario básico de funcionamiento ha generado los severos problemas que se han enumerado anteriormente y que es necesario resolver de manera urgente”, expresa el documento votado este mes por el Consejo Superior de la UBA.

Las resoluciones indican que la universidad comunicará su posición tanto al Poder Ejecutivo Nacional, como al Congreso, al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Educación, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y a todas sus unidades académicas, hospitales e institutos.

Por último, la universidad reafirmó su compromiso con la educación y la salud pública, gratuita, universal y de calidad, y expresó su “solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores” que sostienen ambas funciones en condiciones adversas.