La detención de la activista de Derechos Humanos, Martha Lía Grajales, en Caracas, derivó en una condena de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hacia el régimen de Nicolás Maduro.
“Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”, señaló el pronunciamiento, firmado el último 9 de agosto por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de la asociación.
La abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista fue detenida el viernes 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en una protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas.
La manifestación, integrada en su mayoría por madres de presos políticos, buscaba denunciar la agresión sufrida días antes durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, los llamados “colectivos chavistas”, grupos parapoliciales armados, atacaron, golpearon y robaron a las manifestantes, entre ellas la propia Grajales.
De esta forma, por primera vez, tanto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y figuras del Frente de Izquierda expresaron públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.
Desde su detención, Grajales permanece desaparecida. Sus familiares y defensores intentaron presentar un hábeas corpus para conocer su paradero y estado de salud, pero la justicia venezolana rechazó el recurso.
La situación de Grajales fue calificada como “terrorismo de Estado” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto marcado por la represión tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor para un tercer mandato, resultado que no fue reconocido por ninguna democracia occidental.
Por su parte, la activista Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, subrayó la novedad de estos pronunciamientos: “Tuvimos que esperar mucho tiempo y, en este caso, a que ocurriera con una dirigente de izquierda, pero es importante. No hay justificación para callar ante los crímenes de una tiranía que secuestra, desaparece, tortura y asesina”.
Trotta compartió el comunicado de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el proyecto resolución de Diputados antes citado.
El CELS también exigió información sobre el paradero de Grajales y la liberación de todos los defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente: “¿Dónde está Martha Lía Grajales? Exigimos que Venezuela respete su integridad, informe su paradero y ordene su libertad inmediata, así como la del resto de defensorxs de derechos humanos detenidxs de manera arbitraria”.
A estos reclamos se sumaron figuras del Frente de Izquierda como Myriam Bregman y Christian Castillo, quienes repudiaron la represión y responsabilizaron al gobierno venezolano por la salud e integridad de la activista. Mensajes similares publicaron las legisladoras Alejandrina Barry, Mercedes Trimarchi y Andrea D’Atri, así como los diputados Alejandro Bodart, Celeste Fierro, Vilma Ripoll, Luciana Echevarría, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano.
El domingo, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel difundió una carta firmada por decenas de activistas latinoamericanos bajo el título “Defender los derechos humanos de las personas humildes no es un delito: Libertad inmediata para Martha Lía Grajales”. En paralelo, el gobierno venezolano intentó contrarrestar el impacto de estos pronunciamientos difundiendo un comunicado de apoyo a Maduro, firmado por Carmen Arias y las filiales de Mar del Plata y Tucumán de las Madres de Plaza de Mayo, en el que expresaban su solidaridad ante las “nuevas amenazas lanzadas contra él por el imperialismo norteamericano”.
La situación de Grajales no es un caso aislado. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, en Venezuela existen actualmente más de 800 presos políticos, entre ellos cerca de un centenar de mujeres y cuatro adolescentes. El informe denuncia el uso sistemático de las desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado contra la población civil, especialmente contra disidentes.
Actualmente, alrededor de 50 personas permanecen desaparecidas, sin contacto con familiares ni abogados, entre ellos dirigentes opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.
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