La Fiscalía General de Venezuela confirmó este lunes la detención de la activista de derechos humanos Martha Grajales y anunció que será acusada de “incitación al odio”, “conspiración con Gobierno extranjero” y “asociación”.
En un comunicado difundido en Instagram, el Ministerio Público de la dictadura señaló: “Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”.
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El organismo informó que se le dictó privativa de libertad por decisión del tribunal que lleva la causa, sin ofrecer detalles sobre los hechos atribuidos a la activista.
La detención, ocurrida el viernes, se produjo después de que Grajales participara en un acto frente a la sede de la ONU en Caracas, en respaldo a familiares de presos políticos que habían sido agredidos días antes durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia.
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Ese mismo lunes, comités de derechos humanos afines al chavismo reclamaron su liberación. Georgina Castillo, integrante del Comité de Derechos Humanos de La Vega, pidió a las autoridades “estudiar bien” el caso de su “hermana” Grajales.
La ONG SurGentes informó que más de 800 personas firmaron un documento exigiendo la liberación de su cofundadora, cuyo paradero, aseguró, se desconoce desde el momento de su detención. Entre los firmantes figuran organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador).
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El esposo de Grajales, Antonio González, relató que, junto al abogado Marino Alvarado, de la ONG Provea, recorrió cinco centros policiales de Caracas sin obtener información sobre su ubicación: “Han negado” su presencia en todos ellos, afirmó.
En un video difundido por Provea en X, González advirtió que la situación “sigue siendo de desaparición” e instó a las autoridades a informar dónde se encuentra su esposa, las razones de la detención y permitir que se comunique con su familia y designe abogados de confianza.
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Según Provea, el sábado tribunales penales se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para determinar su paradero. La detención, indicó la organización, habría sido ejecutada por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
La detención de Martha Grajales se suma a una serie de casos recientes que organizaciones nacionales e internacionales consideran parte de un patrón de criminalización de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, marcado por acusaciones graves sin pruebas públicas, restricciones al debido proceso y la falta de información oficial sobre el paradero de los detenidos.
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(Con información de EFE)
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