Después de meses de alta intensidad -entre conflictos dentro de La Libertad Avanza (LLA), un Congreso más adverso que nunca, y coletazos indeseables en el plano económico- Javier y Karina Milei reordenaron a las apuradas la estructura de poder del Gobierno y el partido. Y en lo sucesivo deberán probar que pueden defender sus vetos, diseñar una campaña coherente en el territorio bonaerense, sellar acuerdos en las provincias y contener del frente cambiario, que volvió a mostrar signos de inestabilidad.
La primera prueba para esta nueva etapa será evaluar si la reconfiguración le permite sostener los vetos a las leyes aprobadas por la oposición con respaldo transversal en el Senado, como las modificaciones sobre financiamiento de la discapacidad y los aumentos para jubilados.
El Gobierno atribuye la aprobación de esos proyectos al aprovechamiento oportunista de los aliados circunstanciales en el Parlamento, pero por lo bajo reconoce errores propios, políticos. Así, la reestructuración libertaria tiene como eje central al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro político que ganó volumen en las últimas semanas, hasta que finalmente Milei reconoció que lo incorporó al “triángulo de hierro” del que, al mismo tiempo, se autoexcluyó. El otro integrante de la mesa chica de la cúpula seguirá siendo su amigo y estratega, Santiago Caputo, que además sumará peso específico en la coordinación de la campaña electoral, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el escenario nacional.
Karina Milei mantiene el rol como supervisora general en el Gobierno, pero sobre todo, de la arquitectura partidaria, con una influencia directa en el cierre de listas en las provincias. Bajo su mirada, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, concentrará esfuerzos en el armado en el interior del país, mientras que Eduardo “Lule” Menem, hasta ahora dedicado a esas tareas, desplazará su influencia hacia la estrategia bonaerense. El riojano se incorporó formalmente a la “mesa bonaerense” que se activó esta semana para empezar a delinear un plan, aunque sea tardío, y a la par, limar tensiones entre Caputo, los Menem y el titular de la fuerza en PBA, Sebastián Pareja.
La mesa fue inaugurada por “el Jefe” el miércoles, en un intento por ordenar la interna libertaria en la provincia más populosa del país. No se definió demasiado, aunque después en Gobierno dejaron trascender alguna especificidad: que el Presidente bajaría personalmente a territorio bonaerense en los próximos días para presentar en público a los candidatos de La Libertad Avanza en las cabezas de lista de las ocho secciones electorales. La expectativa es que su presencia sirva para transferir parte de su caudal de votos a postulantes con menor nivel de conocimiento.

El relanzamiento político se apuró en una de las semanas más turbulentas para Gobierno. A las dificultades en el Congreso se sumaron factores externos e imprevistos que tensaron el frente económico, como la suba de aranceles anunciada por Donald Trump, que tuvo un efecto cascada en los mercados regionales. La reacción no tardó en llegar: suba del dólar, desplome de bonos y una renovada incertidumbre cambiaria que golpeó de lleno en el corazón del plan de estabilización que impulsa Luis Caputo.
El temor de una nueva espiral inflacionaria encendió alarmas en el ala política del Gobierno. En la Casa Rosada monitorearon minuto a minuto los movimientos financieros, entre promesas de que la suba del dólar no se trasladará a precios. Ayer, Milei resaltó en X que las cámaras de supermercados están “rechazando los aumentos de precios propuestos por proveedores”. En la visión oficialista, ese dato es un indicio de que la política de control indirecto —a través de disciplina fiscal y monetaria— aún puede contener expectativas inflacionarias.

Mientras, el Presidente tuvo que enfrentar un amplio repudio político por los vetos que firmó el viernes y se publicarán mañana en el Boletín Oficial. Desde la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio hasta referentes como Juan Grabois, Graciela Ocaña y figuras de la izquierda, el rechazo a la decisión presidencial cruzó transversalmente al arco político. La oposición se unificó para denunciar que los vetos representaron un atropello al Congreso y afectaron derechos sensibles de sectores vulnerables, como los jubilados y las personas con discapacidad.
El Gobierno apuesta a mantener el equilibrio de poder en un Congreso fragmentado, donde cada ley se juega voto a voto. La nueva arquitectura libertaria deberá demostrar ahora que puede generar músculo político sin perder cohesión interna, mientras intenta contener una economía con signos de inestabilidad.
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