El juez Marcelo Bailaque dejó su cargo en la Justicia Federal, luego de que el presidente Javier Milei decidió aceptar su renuncia. Esto se oficializó este martes con la publicación del Decreto 443/2025 en el Boletín Oficial.
El decreto, firmado por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, responde a la presentación formal de renuncia realizada por Bailaque. El texto oficial indica: “Acéptase, a partir del 1° de julio de 2025, la renuncia presentada por el doctor Marcelo Martín Bailaque (D.N.I. N° 14.392.718) al cargo de Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario, provincia de Santa Fe”.
Bailque enfrenta un proceso judicial en el que se lo acusa de favorecer a imputados vinculados con el narcotráfico en la ciudad de Rosario, entre otras cosas. A la par, estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, que estaba al borde de votar un Jury en su contra.
Hace una semana, Bailaque se había defendido de las acusaciones en ese proceso, a través de un escrito en el que negó tener vínculo con narcotraficantes.
Finalmente, renunció para no perder su jubilación.
La salida del magistrado se inscribe en un complejo contexto institucional en el Poder Judicial de Santa Fe, tras una serie de señalamientos y denuncias que vinculan a funcionarios judiciales con el crimen organizado que opera en el distrito.
El caso adquirió especial notoriedad tras hacerse públicos los fundamentos de las investigaciones internas y las actuaciones del Consejo de la Magistratura, donde se describieron operaciones irregulares y supuestas omisiones judiciales relacionadas con el lavado de activos y la protección de intereses ilícitos. Estas situaciones motivaron tanto reclamos en organismos de control como reclamos de diferentes actores sociales y políticos de la provincia.
El trámite de aceptación de la renuncia fue anticipado por el Poder Ejecutivo y concretado este lunes, según documentos remitidos al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de la Nación, lo que implica el cese inmediato de Marcelo Bailaque en su cargo como juez federal de la ciudad de Rosario. Esta decisión se formalizó luego de varias semanas en las que el ahora ex juez buscó exponer por escrito sus argumentos en defensa.
Fuentes del sector judicial coincidieron en que la causa de la renuncia es en definitiva la acumulación de denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades vinculadas a investigaciones de bandas delictivas, incluyendo el manejo de expedientes de causas emblemáticas asociadas al narcotráfico. Además, destacan las denuncias sobre supuesta protección o falta de medidas preventivas ante el avance de estructuras criminales que operan en la provincia.
La investigación sobre el desempeño del juez Bailaque tomó estado público después de que la Procuración General de la Nación y el Consejo de la Magistratura comenzaran a impulsar actuaciones sobre su labor, a raíz de informes confidenciales y testimonios que lo involucraban directa o indirectamente en decisiones consideradas inconsistentes respecto del combate a las mafias locales. Según los documentos, los reportes incluían presuntas demoras en los procedimientos judiciales y supuestas omisiones a la hora de investigar redes de lavado de dinero.
Mientras tanto, el proceso administrativo de control avanzaba en paralelo con la intervención de varios organismos federales, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), los cuales enviaron material probatorio sobre maniobras irregulares, especialmente en juzgados que manejan causas sensibles sobre el tráfico de drogas y los delitos económicos conexos.
Los consejeros que integran la Comisión de Acusación ya habían avanzado en la instrucción del expediente y consideraban inminente la resolución que podía llevar a la destitución del magistrado.
El dictamen sobre Bailaque resumía tres cargos principales para acusarlo por mal desempeño.
El primero apunta a la relación entre el magistrado, su contador y amigo Gabriel Mizzau, y el capo narco Esteban Alvarado.
Al momento de la imputación en la causa penal, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaqueno haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
En el segundo cargo se imputó la coordinación entre el juez Bailaque, el empresario Fernando Whpei y el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, que terminó declarando como arrepentido, para amar una causa contra dos financistas y cobrarles una coima.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
El último cargo contra Bailaque apuntó a la relación de amistad entre el juez y el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido en su casa.
La comisión de Acusación votó el comienzo de un Jury y la suspensión del magistrado. Para avanzar, se necesitaban los dos tercios de los integrantes del Consejo. Pero el proceso se interrumpió con la aceptación de la renuncia.
Bailaque ahora perderá sus fueros y quedará detenido en su casa mientras se definan las causas penales en su contra.
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