El Gobierno cedió 160 viviendas del Plan Procrear a miembros de las Fuerzas Federales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó en el partido bonaerense de Avellaneda la entrega de 160 viviendas destinadas a efectivos de las Fuerzas Federales, en el marco de un plan federal que suma 329 unidades habitacionales recuperadas en distintos puntos del país.

La funcionaria destacó que se trata de hogares provenientes del plan Procrear, cedidos al Ministerio de Seguridad por el Ministerio de Economía, y reasignados a los agentes.

“El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, detalló Bullrich en su cuenta oficial de X.

El acto en Avellaneda marcó el comienzo del nuevo esquema de distribución de viviendas. “¡Felicitaciones a las familias que hoy abren la puerta de su nuevo hogar! Esto es cuidar a quienes nos cuidan”, cerró en su publicación la ministra de Seguridad de la Nación.

En el comunicado compartido por el ministerio, también se hizo hincapié en que las casas serán dirigidas por las mismas fuerzas. “Las viviendas serán administradas de manera directa por las propias fuerzas, sin intermediarios, garantizando así su correcta asignación, uso y mantenimiento”, explicaron.

“Este es un paso concreto para mejorar la calidad de vida de quienes día a día ponen el cuerpo por la seguridad de todos los argentinos. Cuidamos a quienes nos cuidan”, finalizaron en la publicación del organismo de seguridad.

Bullrich explicó: “Un plan que en muchos casos estaba mal destinado porque el Ministerio de Economía ha encontrado viviendas, en algunas partes del país, que no se usaban para una familia, sino que se alquilaban en Airbnb, entonces seguir con este sistema realmente era una mala idea”.

“Esto podía ser una salida importante al problema de los alquileres que tienen los miembros federales de las fuerzas de seguridad que pagan fortuna por alquiler. Esta será una media de tantas que tenemos que tomar para terminar con este problema”, agregó la ministra, sobre el apoyo que recibió desde el Ministerio de Economía para no tener que depender más de localidades pagas.

“Tenemos una distribución geográfica que la vamos a ir dando a conocer en la medida que se van terminando los proyectos. Tenemos en muchos lugares en Buenos Aires: Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, acá en Avellaneda. También en CABA, en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego”, dijo la funcionaria sobre los distintos lugares donde se seguirán entregando viviendas destinadas a los agentes.

Semanas atrás, el Gobierno había oficializado la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar mediante la Resolución 764/2025, publicada el pasado 9 de junio, y el Decreto 1018/2024.

El programa, creado en 2012, facilitó el acceso a la vivienda mediante créditos y desarrollos urbanísticos. El Ministerio de Economía argumentó que la medida busca mejorar el funcionamiento estatal, reducir el gasto y dejar la financiación de viviendas en manos de bancos comerciales.

En el nuevo esquema, los créditos otorgados seguirán bajo administración del Banco Hipotecario S. A., sin alteraciones para los titulares.

Todo esto se dio tras la decisión del Ejecutivo de eliminar el Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar,el histórico programa de acceso a la vivienda creado en 2012, que facilitó a miles de familias la posibilidad de acceder a la casa propia mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos en todo el país.

Mediante la publicación de la resolución, el Ministerio de Economía dispuso el inicio del proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar, a la vez que estableció los pasos para la administración de los préstamos vigentes, que quedarán en manos del Banco Hipotecario S.A. El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”, además de considerar que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional.

En los considerandos de la medida, se refieren a informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron “demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos”. La auditoría también subrayó sobrecostos generados por los atrasos y una administración tildada de poco transparente y ágil.