El Gobierno ordenó el cierre de otra obra social que estaba en crisis

El Gobierno nacional dictó el cierre y el proceso de disolución de la segunda obra social de la gestión del presidente Javier Milei. Esta vez, le tocó el turno a la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), que se encontraba en situación de crisis institucional y financiera.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Gonzalo Oriolo. Según la resolución 1056/2025 del organismo, se comprobó que la prestadora enfrenta una “delicada situación institucional obedece a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores”.

La obra social contaba con apenas 50 afiliados, y “no pudo superar los factores de criticidad requeridos para funcionar”, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Ayer, el gobierno libertario oficializó la eliminación de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD), tras detectar múltiples irregularidades. Fue la primera entidad de origen sindical que se dio de baja Registro Nacional de Agentes de Seguro de Salud (RNAS). La entidad no tuvo actividad desde su inscripción, carecía de afiliados y de prestaciones médico-asistenciales. Era lo que se suele calificar como un “sello de goma”.

La situación de OSPIB presenta diferencias con este antecedente. La entidad depende del Sindicato de Obreros y Empleados Botoneros, creado el 13 de julio de 1946, pleno auge del primer gobierno peronista. La obra social tiene una página oficial, cartilla y red de prestadores, y su sede está ubicada en ciudad la calle 91, al 1886, en el partido bonaerense de San Martín. Pidió la baja como prestador “voluntariamente”, señalaron desde el Gobierno.

Según la resolución de la SSS, la decisión adoptada “no es sino el resultado de una evaluación integral y objetiva de la situación institucional de la entidad, realizada con el alcance y rigor técnico que exige la normativa vigente”, consideró. Y establece al Consejo Directivo de OSPID como “comisión liquidadora, debiendo llevar adelante el proceso de liquidación administrativa o promover, en su caso, la solicitud de quiebra conforme”, indica el documento que lleva la firma del titular del organismo.

Mientras ese proceso administrativo se consolide, la obra social todavía no fue dada de baja. Deberá continuar con la prestación de la cobertura de salud, e informar a sus beneficiarios a que se encuentran habilitados a ejercer el derecho de opción de cambio a otro agente del seguro de salud.

Desde hace años, las obras sociales vienen enfrentando complejidades económicas y financieras como una mancha de aceite. Varias de ellas tendrán que sanear sus estados financieros y contables a través de un plan de contingencia; de lo contrario, podrían afrontar el mismo destino de cierre. En el último tiempo, la Superintendencia de Salud declaró unas 11 entidades en situación de crisis, como parte de la profundización de las auditorías en el sistema, a saber:

• Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)
• Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
• Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)
• Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)
• Obra Social de Volkswagen Argentina
• Obra Social de Fedecámaras (Osf)
• Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
• Obra Social de Peones de Taxis de Rosario
• Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas
• Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza
• Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma

Desde que ingresó la medicina prepaga al sistema de salud, a partir de las reformas económicas en los años noventa, se produjo una paulatina merma sostenida de los afiliados de las obras sociales. En espejo a ese paquete de medidas, el gobierno de Javier Milei avanzó con la desregulación de las prestadoras de salud sindicales, con el objetivo de reordenar el sistema bajo nuevos criterios. Las modificaciones presentan un espíritu similar los cambios del período menemista, y con medidas que las empujan a una mayor competencia, como nuevos procedimientos de denuncias y sanciones que las obligan a responder más rápido ante los reclamos.

“No hay lugar para Agentes del Seguro que tengan irregularidades o que no ofrezcan prestaciones de calidad. Quienes no cumplan con las reglas serán dado de baja”, indicaron desde el ministerio de Salud. “La SSS trabaja para velar por la sustentabilidad de los Agentes para que compitan libremente entre sí y los beneficiarios elijan en libertad”, añadieron.

Con el decreto 170/2024, el Poder Ejecutivo resolvió que los trabajadores puedan elegir libremente la obra social o prepaga a la quieran derivar sus aportes, sin necesidad de tener como intermediaria a otra entidad sindical. La medida impactó a un universo de más de 14 millones de trabajadores, tanto en relación de dependencia como monotributistas, empleadas domésticas, y los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado sistema general.

La eliminación de los agentes intermediarios fue observada con desconfianza por los sindicatos, ante la estimación del impacto que tendría la baja de afiliados a obras sociales, que dejarían de recibir aportes por la posible pérdida de afiliados o la migración a otras entidades.

De hecho, las obras sociales perciben reintegros de la SSS que están ligados a a la cantidad de afiliados que tiene cada prestadora sindical. En materia de transferencias, el Gobierno también dispuso cambios. El año pasado, la Superintendencia ajustó vía decreto el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), con un mecanismo que elimina la compensación extra que favorecía a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.

Con esa modificación, las partidas persiguen el criterio de percibir el subsidio en función de su número real de afiliados, lo que perjudica a los sindicatos con “menor caja” y estructura. Según un análisis de Infobae, de un total de 290 entidades, 201 resultaron afectada por la medida, con una reducción conjunta de $3.483 millones. En contraste, las obras sociales con mayor cantidad de beneficiarios resultaron beneficiados por el nuevo esquema.