El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.
La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
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ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.

Qué requisitos deben cumplir los empleados
Los principales requisitos y condiciones son los siguientes:
- Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado: el régimen está dirigido a empleados alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes mantengan un vínculo por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal vinculado bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
- Trabajar en la administración pública nacional centralizada: la medida se aplica a las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Esto deja fuera a organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
- Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación única o el cobro del 60 % del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
- Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con los topes del decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según acumulen menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
- No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes: no podrán ingresar quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La prohibición también alcanza a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o un perjuicio fiscal.
- Desistir de reclamos laborales contra el Estado, si los hubiera: los empleados con demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse.
- No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación: tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.
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Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.
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