Crisis económica en la provincia de Buenos Aires: un municipio recortó 13% el sueldo de los empleados estatales

En medio de un escenario de caída de la coparticipación y reducción de ingresos propios, el municipio bonaerense de Saavedra-Pigüé aplicó un recorte del 13% en los sueldos de funcionarios, concejales y trabajadores estatales. En paralelo, el distrito de Guaminí congeló los salarios y redujo al mínimo el pago de horas extras, en el marco de una declaración de emergencia económica.

En Saavedra-Pigüé, el intendente Matías Nebot formalizó el ajuste a través de un comunicado en el que detalló que la medida fue adoptada “para evitar un mal mayor, que es no poder afrontar el pago de sueldos”. El recorte salarial fue aprobado por los propios empleados municipales en asamblea, tras una propuesta oficial presentada en dos tramos. La decisión también alcanza a funcionarios del Ejecutivo y concejales.

El jefe comunal argumentó que el municipio arrastra un déficit desde 2019, profundizado en el último año por las políticas de ajuste fiscal del Gobierno nacional. Entre los factores que incidieron en la crisis local, señaló la disminución de la recaudación nacional, provincial y municipal, y la consecuente caída de la coparticipación. También advirtió sobre una baja en el cumplimiento del pago de tasas por parte de los contribuyentes.

Nebot afirmó que la situación se repite en distintos puntos de la provincia: “He mantenido conversaciones con intendentes de la región, y muchos están en una situación similar, con dificultades para pagar proveedores y sueldos”. En ese contexto, reivindicó la necesidad de aplicar medidas “de austeridad y responsabilidad” para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

En Guaminí, el intendente José Augusto Nobre Ferreira también anunció un paquete de medidas para contener el impacto de la caída de ingresos coparticipables, agravada por una emergencia hídrica que afectó la conectividad rural y generó gastos extraordinarios. “Estamos invirtiendo todos los recursos disponibles para reparar puentes, alcantarillas y caminos rurales”, señaló en un mensaje público.

Las disposiciones adoptadas en ese distrito incluyen el congelamiento de los salarios de funcionarios, la reducción al mínimo de las horas extras, la suspensión de subsidios institucionales y sociales, la paralización de ingresos de personal y una revisión general de los contratos vigentes. No obstante, el municipio abonó los sueldos de abril con un incremento del 7,5% al básico.

“Nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para continuar brindando servicios con menos recursos”, indicó Nobre Ferreira. Según explicaron fuentes municipales, la caída de la coparticipación encendió las alarmas en numerosos distritos del interior bonaerense, donde algunos gobiernos locales ya declararon la emergencia económica.

La provincia de Buenos Aires enfrenta un deterioro sostenido en sus cuentas públicas debido a la caída de la recaudación tributaria nacional y provincial. Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en el primer trimestre de 2025 la coparticipación federal a las provincias cayó un 19,4% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. La retracción de la actividad económica, combinada con una inflación acumulada del 51,6% entre enero y marzo, redujo los ingresos disponibles para los gobiernos locales, que dependen en gran medida de esos fondos para sostener sus estructuras administrativas y los servicios básicos.

En el caso bonaerense, más del 60% del presupuesto municipal promedio proviene de transferencias automáticas, como la coparticipación. A esta caída se suma una menor recaudación propia: distintos municipios reportan disminuciones de entre el 15% y el 30% en la cobrabilidad de tasas locales, principalmente debido al ajuste sobre el poder adquisitivo de los contribuyentes. El freno de la obra pública, los despidos en sectores estatales y el achicamiento del gasto nacional profundizaron el cuadro.

Frente a este panorama, varias intendencias comenzaron a declarar emergencias económicas, suspender contrataciones y renegociar contratos para evitar atrasos en el pago de sueldos y el deterioro de los servicios esenciales.