Quién es Marcelo Bailaque, el juez federal al que le dictaron prisión preventiva y le prohibieron salir del país

El juez federal Marcelo Bailaque quedó en el centro de una de las investigaciones judiciales más sensibles de los últimos años en la provincia de Santa Fe. Esta semana, el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Cruz, dictó prisión preventiva en su contra, aunque la medida no podrá concretarse hasta que el magistrado sea desaforado por el Consejo de la Magistratura. Además, se le prohibió la salida del país y se dispuso el embargo de sus bienes y cuentas bancarias.

El avance judicial se produce luego de que Bailaque fuera imputado formalmente por tres causas penales que lo vinculan con hechos de corrupción, cohecho y presunto favorecimiento a redes delictivas vinculadas al narcotráfico. La investigación está a cargo de los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, con colaboración de la PROCELAC, la unidad fiscal especializada en criminalidad económica.

Marcelo Bailaque es abogado oriundo de la ciudad de Rosario, pero desarrolló parte de su carrera profesional en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, donde ocupó el cargo de defensor oficial. En esa etapa de su carrera, según declaraciones de la diputada provincial Lionella Cattalini en la edición vespertina de Infobae en Vivo, comenzó a tejer vínculos políticos con referentes del kirchnerismo, lo que lo llevó a ser designado como juez federal alrededor del año 2007.

Desde su llegada al fuero federal en Rosario, Bailaque acumuló poder dentro del sistema judicial y, según la diputada Cattalini, “mantuvo relaciones estrechas con empresarios, sindicalistas y funcionarios de distintos sectores". Durante años, fue un actor con escasa exposición pública pero con capacidad de decisión sobre causas sensibles, entre ellas algunas vinculadas al narcotráfico en la ciudad.

Las causas judiciales en su contra

Bailaque enfrenta tres investigaciones penales. La primera de ellas está relacionada con la presunta extorsión a dos financistas, Jorge Oneto y Claudio Iglesias, a quienes se les habría exigido una coima a cambio de cerrar una investigación judicial. Según el expediente, la maniobra comenzó en 2019 con una denuncia anónima que derivó en una causa por parte de la ex AFIP, y que luego fue utilizada para presionar a los empresarios. El ex titular de ARCA en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, se presentó como arrepentido y declaró que la suma exigida fue de 160 mil dólares. La extorsión, sostuvo, se habría acordado en una reunión en el domicilio de Bailaque, con la presencia del financista Fernando Whpei, señalado como amigo personal del juez.

La segunda causa investiga una presunta protección judicial al narcotraficante Esteban Alvarado y a su exesposa, Rosa Natalí Capuano. De acuerdo a los fiscales, Bailaque no se excusó en una causa en la que había vínculos personales a través del contador Gabriel Mizzau, quien compartía vínculos tanto con el juez como con el clan de Alvarado. El expediente estaba en su juzgado desde 2013 y, según la imputación, hubo demoras deliberadas en autorizar escuchas telefónicas que habrían sido clave para la causa.

La tercera imputación está vinculada al manejo de fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque habría autorizado transferencias hacia la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, administrada por el Grupo Unión, que encabeza nuevamente Fernando Whpei. En su defensa, el magistrado sostuvo que él no designó al interventor de la cooperativa, sino que renovó su cargo, y que no hubo una orden específica para direccionar los fondos hacia la mutual mencionada.

El avance en el Consejo de la Magistratura fue calificado como lento. Según informó Lionella Cattalini, el organismo recién retomó la actividad esta semana, a pesar de que la denuncia contra Bailaque fue presentada en 2022 por fiscales de Rosario. “Después de esto, los consejos de la magistratura tienen que tomar nota y dar cuenta del compromiso que tienen con la sociedad”, sostuvo la legisladora en declaraciones al programa Infobae en Vivo.

Ayer, la Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador Luis Juez, aprobó las medidas de prueba solicitadas por el consejero instructor Álvaro González, quien pidió incorporar los tres expedientes en los que Bailaque ya fue imputado. González aclaró que el órgano evalúa mal desempeño y no delitos penales. El senador Juez adelantó que en los próximos 40 a 50 días se esperan novedades en estos procesos.

Aunque la prisión preventiva fue dictada por el juez Rodrigues Cruz, no puede ejecutarse hasta que se concrete el desafuero de Bailaque. En la audiencia, el fiscal Diego Velasco, titular de la PROCELAC, pidió además la retención del pasaporte y sostuvo que el magistrado representa un peligro de fuga, al contar con recursos económicos suficientes. También denunció intentos de entorpecer la investigación mediante presiones a testigos y borrado de información de dispositivos electrónicos.

Actualmente, Marcelo Bailaque continúa en funciones, lo que mantiene su inmunidad. Su situación procesal y administrativa seguirá su curso en paralelo en el fuero penal y en el Consejo de la Magistratura.