La disputa por el control de la Comisión Investigadora del caso $Libra genera intensos movimientos políticos en el Congreso, con reuniones clave y estrategias enfrentadas entre el oficialismo y los bloques opositores. La conformación de esta comisión, prevista para el próximo miércoles, puso en marcha una serie de maniobras tanto dentro del oficialismo como entre los sectores opositores, quienes buscan inclinar la balanza a su favor en un escenario de equilibrio político delicado.
El oficialismo ya comenzó a delinear su estrategia en reuniones con aliados del PRO y los radicales del nuevo bloque, conocidos como los “peluca” por su afinidad con el gobierno de Milei. Sin embargo, la ausencia de tres diputados clave en el encuentro más reciente ha generado interrogantes sobre la cohesión de este frente. Entre ellos se encuentran Lisandro Nieri, diputado radical por Mendoza; Soledad Carrizo, representante por Córdoba; y Agustín Domingo, del bloque Innovación Federal por Río Negro.
Aunque estas ausencias podrían explicarse por el regreso de los legisladores a sus provincias, también se vinculan con tensiones internas, particularmente entre los radicales, quienes responsabilizan a Martín Menem por la ruptura del bloque que derivó en la salida de los “peluca”.
La decisión del Gobierno de descartar la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL) en la provincia de Río Negro podría influir en el cambio de postura del gobernador Alberto Weretilneck, quien en 2023, como senador, apoyó la Ley Bases. Este cambio podría alterar los planes de La Libertad Avanza y de los bloques opositores, ya que el voto de uno de estos tres legisladores ausentes podría romper el empate actual de 14 votos a favor y 14 en contra, inclinando la balanza hacia la oposición.
En la reunión del oficialismo de ayer por la tarde que presidió Menem se discutió la posibilidad de insistir en que la presidencia de la comisión recaiga en sus filas. Entre las opciones consideradas se encuentran las diputadas Nadia Márquez y Paula Omodeo. Sin embargo, la figura de Márquez ha generado controversia, ya que enfrenta antecedentes legales que incluyen una suspensión de juicio por “estafas y otras defraudaciones” a principios de los años 2000. Según la ley de Ficha Limpia de Neuquén, este antecedente le impide postularse a cargos electorales en su provincia, lo que podría complicar su candidatura para liderar la comisión.
Por su parte, los bloques opositores adelantaron que buscarán quedarse con la presidencia de la comisión como parte de su “plan A”. Un diputado opositor expresó: “Es lógico, ellos no la votaron, ¿cómo van a pedir presidirla?”. Para lograr este objetivo, los bloques de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, Coalición Cívica (CC) y Democracia necesitan sumar un voto adicional a sus 14 actuales o, en su defecto, que algún legislador oficialista se ausente. Entre las opciones opositoras para presidir la comisión se encuentran Oscar Agost Carreño por Encuentro Federal, Carolina Gaillard por UP y Fernando Carbajal por Democracia.
En caso de no lograr el control de la presidencia, los bloques opositores han diseñado un “plan B” que contempla dos etapas. La primera consiste en llevar el tema al recinto para rechazar el armado de los interbloques, lo que implicaría reducir la integración de la comisión de 28 a 24 miembros. Este movimiento buscaría debilitar la posición del oficialismo y sus aliados.
La segunda etapa del plan apunta directamente al presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien los legisladores opositores han advertido sobre posibles represalias políticas. Los opositores señalaron que, si el oficialismo bloquea la comisión, ellos respaldarían a Marcela Pagano en su disputa por la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Un diputado opositor resumió esta postura con la frase: “Las avivadas se pagan”.
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