Máxima tensión por los salarios: la fórmula del Gobierno para frenar la reapertura de las paritarias que exigen los sindicatos

El nuevo escenario económico amenaza con darle dolores de cabeza al Gobierno en las paritarias: los sindicatos se aprestan a exigir la reapertura de los acuerdos firmados, mientras los funcionarios libertarios analizan una estrategia para frenar los reclamos, impedir que haya aumentos adicionales que impacten en la inflación y evitar una conflictividad récord en un año electoral.

Un informe que circula en los despachos cercanos al secretario de Trabajo, Julio Cordero, consignó que, a partir del nuevo valor del dólar, los salarios se habían robustecido, pero en el mundo sindical nadie se tomó en serio esa interpretación. Aun así, ese será uno de los argumentos que utiliza el ex abogado de Techint en sus charlas con los principales líderes sindicales para que los nuevos reclamos de recomposición salarial no afecten una inflación que ya se recalentó en marzo y podría seguir en ascenso (se estima que podría ubicarse por unos dos o tres meses en una franja del 4% y 5%).

Los dirigentes de la CGT ya tomaron nota de que hasta un dialoguista como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cerró las compuertas para una revisión salarial y avaló la postura oficial de no convalidar aumentos superiores al 1%: “Los gremios están buscando confrontar con el Gobierno en un período electoral, creyendo que el Ejecutivo está débil, pero se van a llevar un chasco con esto porque el Gobierno se siente absolutamente fuerte y respaldado por los argentinos”, afirmó durante el informe de gestión que brindó en la Cámara de Diputados.

En la Casa Rosada, como aseguró a Infobae un importante funcionario, creen que como los salarios ahora quedaron más altos medidos en dólares “ahora hay que conseguir que los precios de los productos también tengan un valor internacional”. “Si yo subo los salarios ya no los puedo bajar nunca más, pero los que están altísimos ahora son los precios -agregó-. Acá no baja nunca nada y eso habrá que pelearlo. No será con (Guillermo) Moreno que iba con un revólver y se los ponía arriba de la mesa a los supermercados, pero tiene que haber algún método”.

Para este encumbrado exponente de la administración de Javier Milei, lo que debería hacer el Gobierno en los próximos días es lo siguiente: “Tenemos que decirles a las empresas: Muchachos, bajen los porcentajes de ganancia y dénles a la a los argentinos lo que merecen. No da que aumenten todos los precios y después hagan promociones porque eso no sale en la estadística”.

El funcionario libertario confesó un punto clave: “Podemos permitir que aumenten los salarios y dejar los precios como están, pero entonces el dólar se va a disparar. Eso no va a suceder”.

Estas afirmaciones coinciden con el gesto del ministro de Economía, Luis Caputo: celebró que cadenas de supermercados rechazaran listas de precios de proveedores con subas de entre 9 y 12%. Y el telón de fondo de la actitud oficial fue desplegado de manera contundente por el propio Milei durante una entrevista con Alejandro Fantino. Cuando lo consultaron qué pasaría si alguien “empieza a subir precios aprovechando la suba del dólar y después no lo baja más”, el Presidente respondió: “Aprenderán del principio de imputación de Menger a la fuerza. Se van a meter los productos en el orto”.

Para poder convencer a los sindicalistas de que moderen o congelen sus pedidos de revisión salarial, el Gobierno necesita que los precios no se disparen y que el dólar siga quieto. En Trabajo ya se iniciaron los contactos con los principales líderes gremiales para sondearlos y explicar la postura oficial, pero el resultado es incierto: los sindicalistas saben que no hay garantías de que la inflación vuelva a bajar y sienten la presión de las bases justo en un año en el que muchos de esos dirigentes intentarán una nueva reelección en los comicios que habrá en una veintena de poderosos gremios. Ese ingrediente electoral provoca sobreactuaciones de los reclamos salariales para captar el voto de los afiliados.

En esas charlas está presente otra cuestión que le quita el sueño al sindicalismo: la reforma laboral que pide el FMI y que el Gobierno está dispuesto a llevar adelante, como profundización de lo que contempla la Ley Bases. Para la CGT, es un punto que debería formar parte de una agenda de diálogo con la Casa Rosada, pero la dificultad es que la central obrera, dominada hoy por los sectores más duros, está en pleno desarrollo de su plan de lucha contra Milei, que comenzó con el paro general de 24 horas del 10 de abril y seguirá con la movilización del 30 de abril por el Día del Trabajador.

En su presentación ante los diputados, Francos también habló de ese tema que inquieta al sindicalismo: “Debemos dar una discusión respecto al régimen laboral que desde hace muchos años no hace más que impedir la generación de empleo genuino, empujando a millones de argentinos a la informalidad. En nuestro país, el empleo privado no crece desde hace 15 años. Necesitamos una legislación acorde a los tiempos que corren, que acompañe a un mercado laboral cada vez más dinámico, empujado a su vez por una economía ordenada y en crecimiento”.

Pese al predominio de los más combativos en la CGT, piloteados por el ex dialoguista Héctor Daer (Sanidad), en el ala moderada, capitaneada por Gerardo Martínez (UOCRA), no descartan que se produzca un encuentro con el Gobierno para plantear sus quejas por las paritarias a la baja que pretenden en el Ministerio de Economía y por la reforma laboral que viene. Hay un trabajo silencioso en ese sentido, que se traducirá en una foto sugestiva, anticipada por Infobae: Cordero, Martínez y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, abrirán el miércoles próximo un seminario sobre economía informal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Más allá del anuncio de Francos sobre los cambios en la legislación laboral, en la Cada Rosada aclararon a Infobae que, por ahora, no hay nada más que el intento de que se sancione el proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez, que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por la CGT porque estaban incluidas en el DNU 70 frenado por la Justicia.

Para alivio de la dirigencia gremial, la alta fuente libertaria consultada reveló que el Gobierno no avalaría el proyecto de Democracia Sindical que, impulsado por la UCR y el PRO, se volvió a analizar en la Cámara de Diputados y que prende las alarmas en la CGT porque, entre otros puntos, prohíbe la cuota solidaria, la principal fuente de financiamiento de los gremios a través del aporte compulsivo y obligatorio de los trabajadores incluido en los convenios colectivos de trabajo.

Es la amenaza que más preocupa al sindicalismo -como lo confirmarán la CGT y las dos CTA cuando el martes próximo expongan sobre el proyecto en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados- porque también elimina la reelección indefinida de los gremialistas, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y plantea “democratizar las obras sociales”.

Aun así, en el Gobierno no descartan que todo cambie si la CGT se radicaliza con más paros generales: “Si siguen rompiendo mucho las pelotas y no aflojan, no sé cuánto tiempo más se puede frenar esa ley”, graficó a Infobae un funcionario de buena relación -hasta ahora- con los sindicalistas.