La Ciudad de Buenos Aires, a través de su Procuración General, presentó hoy una apelación para revocar el fallo emitido por el juez Roberto Gallardo, que ordenó modificar el control del operativo de seguridad previsto para la manifestación de los jubilados anunciada este miércoles frente al Congreso Nacional.
Gallardo, titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había dispuesto que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad de la marcha de jubilados, con la Policía de la Ciudad al frente de la custodia de los manifestantes.
Según informó el gobierno porteño, el recurso firmado por el Dr. Agustín Luzzi (Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA) fue elevado con carácter urgente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, argumentando que la medida judicial afecta la autonomía de la Ciudad y compromete la coordinación de las fuerzas de seguridad.
En el recurso presentado, la Procuración calificó la resolución del juez como “nula” y señaló que carece de los fundamentos legales para su procedencia. Además, se argumentó que la decisión fue tomada sin la intervención previa del Gobierno porteño ni la garantía del derecho de defensa, lo que, según las autoridades porteñas, constituye una violación al debido proceso legal. La Ciudad también enfatizó que no renunció en ningún momento a sus competencias en materia de seguridad.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó que “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
El recurso presentado por la Procuración considera improcedente la medida precautoria impuesta por el juez Gallardo, argumentando la “evidente falta de constatación de requisitos legales” y la “arbitrariedad” de la resolución. Además, se sostiene que la decisión no fue fundamentada adecuadamente y que vulnera el debido proceso legal, afectando la división de poderes.
En sus fundamentos, la Procuración expresó que, aparte de ser tomada sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad, la medida no garantizó el derecho de defensa. La apelación también remarca que la Ciudad nunca renunció a sus competencias en materia de seguridad y considera que el fallo refleja un prejuzgamiento, sin tener en cuenta las dinámicas del operativo de seguridad.
El recurso también plantea que el juez Gallardo se arrogó facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, invadiendo las competencias del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y afectando la coordinación entre las fuerzas locales y federales en el operativo.
La denuncia desde Seguridad nacional
Ayer, el juez Gallardo, también había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura porteño por el Ministerio de Seguridad Nacional. Se lo acusó del presunto mal desempeño en sus funciones luego de que le ordenara a la Policía de la Ciudad que custodie la próxima marcha de los jubilados.
La presentación de Nación la hizo Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Y surgió a raíz de una decisión adoptada por el juez Gallardo de hacer lugar al amparo interpuesto por la CGT, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La solicitud de los gremios era para que las fuerzas de seguridad federales se abstuvieran de intervenir en manifestaciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando una supuesta vulneración de derechos en movilizaciones anteriores.
El principal argumento de la denuncia desde Nación se centró en una supuesta incompetencia y falta de jurisdicción del juez Gallardo para intervenir en decisiones relacionadas con cuestiones de seguridad que trascienden su ámbito de actuación como magistrado local.
Según la cartera que dirige Patricia Bullrich, los hechos denunciados implican una violación de la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N°24.059) y comprometen directamente competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
De acuerdo con el documento entregado al Consejo de la Magistratura, el magistrado “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo cual constituye, a criterio de los denunciantes, mal desempeño de sus funciones.
El texto agregó: “La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”.
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