La Justicia porteña ordenó que la Policía de la Ciudad custodie la próxima marcha de los jubilados

El juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar este domingo a la solicitud presentada por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT, y Walter Alejandro Gramajo, en secretario general de la UTEP, y dispuso que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad de cara a la próxima marcha de jubilados, a realizarse el miércoles que viene, con la Policía de la Ciudad al frente de la organización de la custodia de los manifestantes.

En vísperas de la protesta que se llevará a cabo del próximo miércoles, un día antes del paro general anunciado por la CGT, el magistrado también ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, que se abstenga de intervenir en la protesta “más allá de los límites de protección de intereses federales”.

“No se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, consideró el juez Gallardo en su fallo, apoyándose en los incidentes que se registraron durante las últimas marchas.

Y en la misma línea, explicó: “En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos. Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”.

Sobre las concentraciones previas de jubilados en las inmediaciones del Congreso, el juez Gallardo entendió que las mismas “han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.

La resolución adoptada por el juez Gallardo responde a la petición de los dirigentes gremiales de la CGT y el líder de la UTEP, que habían pedido el dictado de una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que, además, se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.

Entre sus fundamentos, Piumato, Volcovinsky y Gramajo justificaron la necesidad de la habilitación de días y horas inhábiles en vísperas de la movilización en que el GCBA tenga el tiempo necesario para diagramar el operativo de seguridad. Para ello, los dirigentes gremiales citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la CABA, y los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059), que establecen cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito.

Asimismo, denunciaron que el gobierno porteño no adhirió al protocolo nacional de seguridad, y que cuenta con su propia fuerza –la Policía de la Ciudad– capacitada para actuar en estas situaciones.

“Nuestra intención es que la Policía de la Ciudad se haga cargo del operativo de seguridad del día 9 para evitar que se repitan los hechos de represión que se suscitaron en las últimas concentraciones a instancias de la Policía Federal y de las fuerzas nacionales que la auxiliaron”, explicó Maia Volcovinsky hoy lunes, en diálogo con Infobae.

Tras conocer el fallo, la también secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) espera que “acaten la medida judicial y restrinjan su accionar de manera acotada a los edificios federales”.

“La intervención de las fuerzas federales en un territorio nacional solo se hace a solicitud de los gobiernos locales, sean los provinciales, municipales, o en este caso el GCBA, y en esta oportunidad no hubo ningún requerimiento del Gobierno de la Ciudad al respecto para ninguna de las movilizaciones. Fue un despliegue que excede a sus funciones”, concluyó la representante gremial.