Al igual que la medida implementada a través del decreto 138/2025 sobre los derechos de autor en el país, el Gobierno lanzó una nueva disposición sobre este campo al establecer que ARGENTORES (Sociedad General de Autores de la Argentina), será la encargada de gestionar los derechos económicos de autor.
Este cambio incluye la fijación de los aranceles y la recaudación de los importes derivados de la explotación de obras en diversos medios, con la posibilidad de establecer acuerdos individuales entre los creadores y los usuarios. En particular, la nueva normativa otorga a la entidad un rol central en la administración y distribución de los derechos derivados de la explotación de obras literarias, dramáticas, musicales, cinematográficas y otros géneros de contenido cultural.
A fines de febrero, tras la medida impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ARGENTORES junto a SADAIC habían cuestionado al Gobierno, alertando sobre las consecuencias negativas del Decreto 138/25, el cual permite que los artistas gestionen sus derechos sin intermediación obligatoria. En el texto se especificaba que las sociedades de gestión colectiva que representen a los titulares de derechos no podrán interferir en los acuerdos bilaterales que estos celebren con terceros, garantizando así la facultad de los autores para gestionar sus obras de manera independiente.
En esa misma línea, el documento recientemente publicado en el Boletín Oficial, bajo la numeración 208/2025, establece que los creadores nacionales y extranjeros de obras protegidas por la ley podrán acordar libremente con terceros sobre la explotación de sus obras.
La normativa también establece la obligación de ARGENTORES de llevar a cabo la distribución de los derechos de autor de manera transparente, con un límite máximo del 30% para gastos administrativos, lo que garantizará que la mayor parte de los ingresos generados por la explotación de las obras se destine a los autores. Además, la recaudación debe realizarse en plazos no mayores a dos meses, y los pagos deben ser proporcionales al uso de las obras.
En el marco de una gestión más eficiente, la ley también dispone que el organismo deberá publicar en su página web las reglas para la distribución de los ingresos recaudados. Para evitar que los fondos permanezcan sin repartir, se establece que aquellos derechos no cobrados en un plazo determinado serán redistribuidos entre los demás autores representados.
La normativa especifica que “transcurridos CUATRO (4) meses de la respectiva recaudación no se pudiere individualizar al titular beneficiario, el dinero percibido por tal concepto se distribuirá entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras”.
Para este caso, el decreto pone en marcha un sistema de fiscalización bajo la supervisión de un auditor designado por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de asegurar la correcta implementación de los procedimientos establecidos y la adecuada distribución de los derechos de autor.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo estableció que el Ministerio de Justicia será el encargado de realizar la fiscalización permanente de la mencionada Sociedad General, en lugar del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), como se establecía anteriormente.
Lo hizo a través del Decreto 207/2025, el cual se publicó en la misma edición que el texto anterior. El cambio busca simplificar y hacer más eficiente el proceso de auditoría y fiscalización, eliminando la duplicidad de funciones entre distintos organismos del Estado, lo cual resulta innecesario y contraproducente para el cumplimiento de los objetivos regulatorios.
De esta manera, la fiscalización de ARGENTORES, que representa los derechos de los creadores de obras literarias, musicales, cinematográficas, entre otras, se concentrará en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, con el fin de optimizar el proceso.
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