
El Gobierno definirá el futuro de los pliegos de jueces para la Corte Suprema al regreso de Javier Milei, dijeron altas fuentes, y deslizaron que el plan no es postergar demasiado una determinación. Después de la derrota en la comisión de labor parlamentaria, sin embargo, en la Casa Rosada dejan entrever que no habrá una definición clara en los próximos días, y admiten que podría haber novedades recién después del 1ro de marzo.
En rigor, no falta mucho para la Asamblea Legislativa -será el próximo sábado-, pero en el Gobierno adelantan que sólo tomarán la iniciativa con respecto al futuro de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al regreso del Presidente, que viajó a Estados Unidos ayer y vuelve el lunes, y deberá tomarse unos días para decidir.
Por lo pronto, en Balcarce 50 hay varias versiones sobre el futuro del pliego de Lijo. Algunos funcionarios dejaron entrever que lo dejarían caer definitivamente, en lugar de pasarlo por decreto. Y que nombrarían por esa vía a García Mansilla y a alguno de los magistrados que tienen en una especie de lista de “suplentes”, y que están en evaluación. Se trata de los constitucionalistas Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, y Alberto Bianchi; y el ex juez penal Ricardo Manuel Rojas, que son considerados como “libertarios” por Milei.
“Esperamos la vuelta del presidente para la definición”, dijo un alto funcionario nacional. En rigor, también será al regreso de Santiago Caputo, el asesor que pareció estar contra las cuerdas esta semana por su intervención en la entrevista donde Milei explicó su rol en el “criptogate”. Y que fue reivindicado públicamente, a pesar del tirón de orejas, cuando Milei lo convocó para que lo acompañe en su viaje a Washington para reunirse con autoridades de organismos multilaterales y del gobierno estadounidense.

En el oficialismo hay quienes aseguran que la caída en comisión del pliego de Lijo, que había reunido las firmas necesarias para ir al recinto, inclusive del PJ, estuvo avalada por el Gobierno. Supuestamente, por la necesidad de dar una señal de institucionalidad en medio de los cuestionamientos por el tuit sobre $LIBRA del Presidente, tras las críticas al juez de parte de entidades como el Colegio de Abogados y de buena parte del arco político. Pero en Balcarce 50 evitan hacer comentarios sobre esas versiones.
Aunque el Presidente nombre por decreto a los jueces, deberían ser refrentados por el Congreso. Y el Gobierno no quiere arriesgarse a que se caigan una vez cumplido ese plazo. Además, tiene en cuenta que los fallos que emitan en ese tiempo estarán siempre sujetos a eventual revisión.
Por ahora las negociaciones no volvieron a retomarse con el kirchnerismo, en cuyo bloque había habido señales de visto bueno, pero donde retomaron los condicionamientos. “No quieren quedar como que nos hacen juicio político, pero nos dan un juez. Tuvieron que endurecerse”, dijeron en un importante despacho nacional. En la tropa K, así, volvieron a insistir con el argumento de que es imperioso sumar a una mujer. En la Casa Rosada dicen que tienen una jueza en carpeta, pero se niegan a mencionar de quién se trata para no “quemarla”. De todas formas, se inclinan principalmente por los nombres de hombres antes mencionados.
La figura de Lijo, advierten otros voceros mileistas, sigue en carrera. Su pliego no fue retirado, argumentan en esa ala, y el Presidente resistió durante un año los cuestionamientos a su nominación. Hay quienes deslizan que podría llegar a insistir, pero todos aseguran que la palabra final la tendrá el jefe de Estado, con asesoramiento de Caputo y de su mano derecha en temas judiciales, Sebastián Amerio.
El jefe de Estado volverá al país el lunes y su agenda todavía no está clara después de la aprobación de las leyes de reiterancia, juicio en ausencia, la ley antimafias y la suspensión de las PASO. Sí adelantan que preparará los detalles de su discurso para el 1ro de marzo, que cae sábado. Inusualmente, el Gobierno tiene planeado celebrar la ceremonia de apertura de sesiones por la noche, y es posible que en ese momento haya alguna alusión a la decisión de la Casa Rosada sobre sus planes para completar las vacantes en la Corte Suprema, que complican su funcionamiento.
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