Un grupo de policías retirados de la Bonaerense acampó en Puente 12 para pedir una mejora salarial para esa fuerza

Un grupo de agentes retirados de la policía de la provincia de Buenos Aires junto a familiares de agente y efectivos de franco -que están de civil sin portación de arma-, montaron un campamento en las inmediaciones de la base central de la fuerza en Puente 12, La Matanza, para reclamar por mejoras salariales, entre otras demandas de índole laboral. La presencia se da tras la decisión del ministerio de Seguridad provincial de apartar a 18 uniformados activos que dejaron su servicio para llevar adelante un reclamo de índole salarial; algo que está prohibido por ley.

Desde hace algunos días que los familiares y retirados de la fuerza están apostados en las inmediaciones la base policial. Esta semana el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, echó y denunció penalmente a 18 integrantes de la policía que participaron de una convocatoria realizada por redes sociales para hacer un reclamo policial.

Los uniformados hicieron un alto en el servicio para realizar un sirenazo con los móviles policiales. Se trata de policías que se desempeñaban en Ituzaingó y en Tres de Febrero. Por ley, la Policía bonaerense no puede realizar este tipo de acciones, que son objetadas desde la Constitución nacional hasta la Ley provincial 13.982. En la normativa bonaerense, el artículo 55 de la misma establece como faltas leves, “las vinculadas con las normas que determinen faltas de puntualidad, inasistencias injustificadas, declaraciones públicas estando bajo sumario sobre los hechos que motivaron el mismo, efectuar reclamos o recursos infundados, utilizar influencias para definir destinos laborales, falta de respeto a la superioridad”; mientras las faltas graves son las “inherentes a conductas que involucren al personal en hechos de corrupción, abandono del servicio, actos que impliquen la violación de derechos humanos, uso abusivo de su status profesional, incumplimiento de órdenes de servicio”.

Uno de los pedidos de quienes se asentaron en Puente 12 es la “reincorporación”, del personal cesanteado. También piden por la jubilación con el 100% del sueldo luego de 25 años de servicio. “Nos vamos a quedar hasta que respondan al petitorio que el martes dejamos en mesa de entrada del ministerio de Seguridad”, indicaron a este medio algunos de los participantes que están apostados en Puente 12

Por el caso de los efectivos apartados de la fuerza días atrás, fuentes del ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, habían dicho a Infobae que “los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. Un policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.

En lo que respecta a la cuestión salarial, la semana pasada el Gobierno bonaerense anunció una suba de aumento del 9% para la fuerza policial. En rigor, el incremento está atado a lo que se acordó con los gremios estatales y docentes.

El 9% se divide en un 7% para el mes de febrero y un 2% para marzo, con el compromiso del Ejecutivo de retomar la negociación en abril. El resultado de esa conversación también tendrá impacto en el sueldo policial.

A ese acuerdo alcanzado, el Gobierno provincial, agregó que dicho incremento también se hace extensivo a la compensación por Uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio.

En las últimas semanas, el tema de la inseguridad en territorio bonaerense ganó la agenda y despertó un cruce en redes entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el presidente Javier Milei, además de otros integrantes del esquema libertario.

En ese marco, el mandatario provincial le reclamó, al jefe de Estado, el envío de fondos nacionales que fueron cortados desde el año pasado, destinados a atender cuestiones del área de seguridad. “Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia, podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad, de los que se apropió ilegalmente, respaldando así los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los bonaerenses en condiciones muy complejas”, le planteó Kicillof a Milei.