
Legisladores del bloque de la Coalición Cívica (CC) presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Javier Alonso, a raíz de los asesinatos registrados en el conurbano bonaerense en los últimos días.
La iniciativa, impulsada por los diputados Maricel Etchecoin Moro, Romina Braga y Luciano Bugallo que responden a Elisa Carrió, busca que Alonso brinde explicaciones sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la inseguridad.
“Los bonaerenses no pueden esperar más. En momentos tan difíciles, necesitan imperiosamente recuperar la tranquilidad y la seguridad. El Estado es quien debe garantizarles ese derecho”, afirmaron, en el documento de interpelación.
El proyecto hace referencia a los últimos crímenes que generaron preocupación en el conurbano bonaerense, y señala que “es imprescindible” la presencia de Javier Alonso ante la Legislatura bonaerense para que detalle “de forma pormenorizada cuáles son las medidas que está implementando el Ejecutivo Provincial para abordar de forma integral esta problemática”.
“Cuáles son los recursos que están destinando para tal fin; como así también las instancias de coordinación en la materia con los Ministerios de Seguridad del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente, teniendo en cuenta que es una instancia clave para mancomunadamente establecer estrategias de prevención del delito y la violencia”, remarca el texto.
Sin embargo, esta solicitud enfrenta obstáculos legislativos. Para que prospere, se requiere una mayoría de votos que la oposición no posee, lo que anticipa que Alonso no acudirá a la interpelación, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otros ministros citados.

En el oficialismo peronista, hay malestar por la crisis. En sintonía con los argumentos del gobierno de Axel Kicillof, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, atribuyó la crisis a los “recortes” aplicados por el gobierno de Javier Milei en las partidas de Seguridad. Por su lado, algunos sectores de La Cámpora sostienen que existe una falla en la estrategia de comunicación y gestión en la administración, pero por el momento no levantan la voz.
Desde el gobierno de Kicillof, en cambio, defienden la labor de Alonso y aseguran que no hay motivos para modificar la orientación de la gestión. El mandatario responsabilizó a la Casa Rosada por el “ajuste salvaje” en el empleo y los ingresos que está agravando la “violencia social”, y le exigió devolver “los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente”.
En ese marco, los funcionarios bonaerenses aseguran que, a pesar de los últimos crímenes, las cifras delictivas sobre asesinatos bajaron en el último año. Según los datos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Policía Bonaerense, en enero de 2024 se registraron 13 homicidios dolosos en ocasión de robo, mientras que en lo que va de 2025 la cifra es de 7. En el caso de homicidios por robo automotor, hubo 4 en 2024 y 0 en 2025. Además, fuentes oficiales indicaron que desde el inicio de la gestión de Kicillof la tasa de homicidios descendió de 5,3 a 4,7 por cada 100.000 habitantes en 2024.
Los reclamos por seguridad se intensificaron tras los homicidios ocurridos en los últimos días. El 29 de enero, en Moreno, fue asesinado el repartidor Lucas Aguilar, de 20 años, seguido por el crimen de su colega Pablo Fernando Bártoli, de 38. En Florencio Varela, los adolescentes Paloma Abigail Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) fueron hallados sin vida en Bosques. Les pegaron piedrazos en la cabeza hasta matarlos.
Además de la CC, otros sectores de la oposición a Kicillof redoblaron sus cuestionamientos al mandatario de Unión por la Patria. En las últimas semanas, se profundizó la tensión con la Casa Rosada y el gobierno porteño por las responsabilidades cruzadas para mejorar las políticas de prevención en la zona metropolitana.

Ayer, el presidente Javier Milei dijo que la provincia de Buenos Aires “es un baño de sangre” y cuestionó al mandatario por asistir a la “marcha antifascista” impulsada por la comunidad LGBTIQ+. “Él adhiere a Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La PBA es tierra de nadie en favor de los delincuentes”, fustigó.
En la Legislatura bonaerense también se replican las voces opositoras. Cristian Gribaudo, presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, instó al gobernador a “hacerse cargo de la inseguridad alarmante” y dejar de lado “las internas y la campaña electoral”. Mientras que el titular del bloque UCR, Diego Garciarena, cruzó al mandatario al afirmar que “hay que combatir al delito, no a los que reclaman seguridad”.
A pesar de la presión política, en el oficialismo por el momento descartan cambios en la cúpula de Seguridad y aseguran que continuarán con el plan trazado desde el inicio de la gestión.
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