El Gobierno nacional prorrogó la intervención de las empresas de los medios públicos, dentro de las que se encuentra Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Agencia de Publicidad del Estado (APE), ex Télam. A su vez, se renovó el proceso de intervención de Educ.ar.
La medida se hizo oficial esta madrugada mediante la publicación de la decisión administrativa 5/2025 en el Boletín Oficial. En la normativa, se detalla que el periodo de intervención de RTA será de un año, mientras que el proceso se extenderá en APE hasta que “se designen a las autoridades”.
En el considerando de la norma, el Gobierno alega que esta decisión se enmarca en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
“A los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”, recordaron.
Por esto mismo, mencionaron que “resultó menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”.
Asimismo, mediante la decisión administrativa 4/2025, el Ejecutivo renovó la intervención de Educ.ar S.A, también por el plazo de un año. Esta empresa del Estado es la responsable de la inclusión, creación, transmisión e intercambio de los contenidos pertinentes para el conjunto del Sistema Educativo Nacional.
La intervención de estas sociedades se hizo efectiva en febrero del año pasado, cuando se publicó el decreto 117/2024. En esa misma normativa, se designó a Diego Martín Chaher como interventor de Radio y Televisión Argentina, y “con carácter ad-honorem”, de Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar, mientras que Diego Sebastián Marías fue designado interventor adjunto. Meses después, Chaher pasó a desempeñarse como secretario de Empresas y Sociedades del Estado.
Dentro de los objetivos que se establecieron en el proceso de intervención se encuentran los siguientes: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo; evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo; modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo; y modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva; presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas; designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades.
La empresa que más cambios sufrió fue Télam, que pasó de ser una Agencia de Noticias a una Agencia de Publicidad. Así, el organismo pasó a tener por objeto “operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad”.
Desde la llegada de Milei al Gobierno, Télam dejó de operar, tal como fue creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como Agencia de Noticias. En el decreto que oficializó las modificaciones de su objeto social, argumentaron que la decisión se basa “en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, concentrando los recursos de la empresa en aquella área que ofrece mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo”.
“El cambio de denominación de Télam Sociedad del Estado busca reflejar la actual estrategia empresarial, la identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general”, mencionó el Gobierno sobre el organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
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