A pesar del rechazo “K”, Río Negro aprobó el proyecto para prohibir candidaturas de condenados por delitos dolosos

La provincia de Río Negro se transformó en la primera del país en prohibir la candidatura de personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, con sentencias de primera y segunda instancia, y en restringir también la posibilidad de que sean designados como funcionarios o dirigentes de estructuras partidarias.

La iniciativa que elevó el ejecutivo provincial contó con 36 votos afirmativos. Los cinco legisladores que no acompañaron el proyecto están vinculados al kirchnerismo. “En Río Negro no hay lugar para los corruptos”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck, autor de la iniciativa que planteó modificaciones al Código Electoral.

“El proyecto viene a dar un verdadero shock de confianza”, indicó el legislador Lucas Pica, defensor del proyecto durante la sesión extraordinaria que se desarrolló en la capital provincial.

Y agregó: “Estamos convencidos de que con esto blindamos a los rionegrinos. Al reglamentar un derecho político pasivo, como es tener la posibilidad de ser candidato, estamos reglamentando el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que solamente los idóneos pueden ocupar cargos públicos”.

Pero el jefe de la bancada oficialista, Facundo López, fue más allá del resultado de la votación y disparó contra quienes no acompañaron el proyecto: “El kirchnerismo rionegrino demostró que no le importan la ética ni la transparencia”. Dijo además que los referentes de ese sector “le dan la espalda a la sociedad y prefieren seguir encubriendo corruptos y delincuentes”.

El radicalismo provincial acompañó la iniciativa. Lorena Matzen, referente del sector, afirmó que la aprobación del proyecto de ficha limpia “es defender la democracia”. “Representa los valores y la necesidad de saldar una deuda con la ciudadanía”, apuntó.

Entre quienes se opusieron, está Magdalena Odarda, ex senadora y quien fuera titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que el proyecto “viola la Constitución Nacional y las garantías establecidas en las convenciones y convenios internacionales”.

En particular, se refirió a la “violación” del estado de inocencia, que constituye una de las máximas garantías del imputado en el proceso penal, y al principio de cosa juzgada, que se obtiene con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Nosotros entendemos que un proyecto de esta naturaleza, en este momento histórico del país y de la provincia, puede ser entendido como una herramienta de proscripción política”, señaló.

Otro de los que se opuso es el legislador José Luis Berros -compañero de banca de Odarda-, quien basó su rechazo en críticas a ex funcionarios provinciales y hacia la independencia, imparcialidad e idoneidad de la Justicia de Río Negro.

La modificación a la ley contempla no solo delitos de corrupción en perjuicio del patrimonio público, sino también los de índole privada.

Hasta el momento, la provincia es la única que incluye todos los delitos dolosos en la norma, alcanzando así incluso a delitos menores contra las personas y no solamente contra la Administración Pública, como es el caso de los demás proyectos conocidos hasta el momento.

Tampoco podrán aspirar a cargos electivos quienes hayan sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento como expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

El presidente de la bancada del PRO, Juan Martín, afirmó en diálogo con Infobae que “esta iniciativa no surge de los despachos, sino de la ciudadanía. Nosotros la recogimos, le dimos forma e insistimos muchísimo durante todo este tiempo. Finalmente, el gobierno decidió escuchar un reclamo de una sociedad harta de la corrupción”.

Agregó, además: “Hoy estamos satisfechos por haber logrado que nos escuchen, pero sabemos que tenemos que seguir peleando para que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional y para que se escuchen muchos otros reclamos”.