La CGT se reunió en secreto con Pichetto y Monzó para consolidar una alianza político-sindical desde 2025

Los diputados Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó, del bloque Hacemos Federal, cenaron este miércoles con los líderes dialoguistas de la CGT: fue una comida para agradecerles a los legisladores el gesto de haber frenado la reforma laboral del Gobierno en la Cámara Baja, pero también una forma de consolidar una alianza político-sindical que les permita trabajar en tándem en 2025.

De la cena, en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), participaron sindicalistas como Héctor Daer, el anfitrión; Hugo Moyano y Octavio Argüello, las dos flamantes incorporaciones de Camioneros a la CGT; Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (bancarios), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación) y Cristian Jerónimo (vidrio).

La iniciativa de reunirse con Pichetto y Monzó surgió del sector dialoguista de la CGT, que diseñó la estrategia de no hacer más medidas de fuerza para negociar con los funcionarios libertarios, pero no tiene garantías de que el oficialismo, de todas formas trate de avanzar en el Congreso con proyectos que rechaza el sindicalismo, como la llamada “Ley Tetaz”, que elimina la reelección perpetua, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, fija medidas para “democratizar las obras sociales” y obliga a los dirigentes a presentar declaraciones juradas, entre otros puntos.

El 19 de noviembre pasado, el bloque Hacemos Federal fue clave para frustrar que avance ese proyecto en la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados: de los 2 diputados de esa bancada que integran la comisión, Alejandra Torres fue reemplazada por el presidente del bloque, Pichetto, en una jugada que se atribuyó a la necesidad de bloquear el proyecto de Democracia Sindical.

En la reunión de comisión, Pichetto fue el primer orador que expresó su voto negativo: “La democratización que ustedes plantean no se puede hacer sin los actores del mundo del trabajo. Es fundamental hacer una convocatoria más amplia y tener un determinado consenso. Para llevar adelante una reforma de esta naturaleza también se requiere poder político”. El otro diputado de Hacemos Federal es Jorge Avila, titular del sindicato petrolero de Santa Cruz.

En abril, Pichetto desempeñó un papel decisivo para que el Gobierno accediera a recortar 42 artículos de la reforma laboral que rechazaba la CGT para que la Ley Bases pudiera ser sancionada en Diputados. El jefe del bloque de Hacemos Federal fue quien alertó a los sindicalistas que el Poder Ejecutivo quería incorporar en la Ley Bases el contenido laboral del DNU 70 frenado por la Justicia. Ese mismo día, abogados de la CGT trabajaron con asesores de Pichetto para analizar el texto y marcar en rojo los artículos “hostiles” hacia el sindicalismo, que finalmente fueron eliminados de la iniciativa.

La consigna que enarboló Pichetto en esas febriles negociaciones con oficialistas y opositores, en donde también operó el asesor presidencial Santiago Caputo, fue clara: “No incluir nada que afecte a la CGT”, les pidió al resto de los legisladores. Y así fue: de 58 artículos que tenía la reforma laboral en el borrador de la Ley Bases quedó en 16. De aquel contenido del DNU 70 sólo se preservó un puñado de medidas dirigidas a generar empleo. Fue una de las grandes victorias del sindicalismo.

En estos días, el Gobierno presentó ante empresarios una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía que propone modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata del proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, que, según la Casa Rosada, apunta a “facilitar e impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.

De este tema también se habló en la cena realizada en Sanidad, además de otro que preocupa al sindicalismo: el artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos contra las empresas. Ese punto quedó sin reglamentar a propuesta del Gobierno para poder consensuarlo con la CGT y los empresarios, pero, como anticipó Infobae, se postergó tanto la convocatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, a crear una comisión técnica con abogados de la CGT y de empresario del Grupo de los 6 para reglamentar ese artículo que hace un mes venció el plazo legal para hacerlo (120 días corridos desde su promulgación, que se produjo el 8 de julio).

Para alivio del empresariado, quedará tal como figura en la ley: ese tipo de protestas son consideradas una “grave injuria laboral” y, por lo tanto, causal de despido justificado. ¿Habrá alguna solución legislativa para suavizar el contenido de ese artículo? Desde anoche, la CGT oficializó aliados como Pichetto y Monzó para limitar leyes que irritan al sindicalismo. Casi un regalo de Navidad para una central obrera que dialoga con el Gobierno, pero no confía en la palabra de los libertarios.