El Gobierno de San Luis empezó a usar el nuevo “narcotest”, con el que buscan garantizar que funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado local no asistan a sus puestos laborales luego de haber consumido sustancias prohibidas. El objetivo es, según aseguran en la provincia, “reforzar la transparencia y la responsabilidad”. Los exámenes toxicológicos están enmarcados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia que impulsaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.
El gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la evaluación médica la semana pasada. Tras dar a conocer los resultados, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico “necesita coherencia y fortaleza, lo cual imposibilita a quienes consumen llevarla adelante”.
Este jueves por la mañana siguió el vicegobernador y titular de la Cámara de Senadores, Ricardo Endeiza. Las pruebas se realizan en un laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) “para garantizar independencia y objetividad en los resultados”.
También participaron la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la secretaria General, Romina Carbonell; el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez; la ministra de Salud, Teresa Nigra; el ministro de Educación, Guillermo Araujo; y el secretario de Comunicación, Diego Masci.
“Acabo de realizarme el análisis conocido como ‘narcotest’, como corresponde en el marco de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia de los funcionarios públicos. Es una obligación que he cumplido con mucha satisfacción porque entiendo que quienes ejercemos un cargo público y estamos a cargo de representar a los ciudadanos de la provincia, tenemos que dar prueba de estar en condiciones de hacerlo. Y que a su vez, cuando estamos en una lucha muy fuerte contra el narcotráfico y en campaña de prevención contra la drogodependencia, entre otras adicciones, es muy importante que demostremos estar a la altura de las circunstancias y estar en condiciones psíquicas y físicas para hacerlo”, expresó el vicegobernador tras las pruebas.
Con el correr de las semanas se completará el resto del Gabinete, aunque desde el Ejecutivo destacaron que los llamados se harán “sin previo aviso”.
Según la nueva ley, los exámenes antidrogas serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria. Dependiendo del caso, si hay un resultado positivo los funcionarios o empleados estatales pueden ser echados, suspendidos o apartados con licencia.
El Gobierno de San Luis firmó un convenio con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL para realizar los análisis toxicológicos. El rector de la casa de estudios, Víctor Moriñigo, valoró que “la Unidad Académica se comprometa en la colaboración científica y tecnológica de sus equipos”. Y resaltó que “poder hacer este control y dar este servicio a la comunidad nos distingue como Institución”.
A la par de la máxima autoridad de la universidad, el decano de la facultad, Sebastián Andújar, precisó que en todos los casos se aplicará el protocolo nacional. Esto implica, por ejemplo, que las muestras serán “ciegas”.
Como el análisis de la orina no se hace en el mismo lugar donde se toma, el operario a cargo del tratamiento no sabe a quién está testeando. Además, el decano remarcó que la custodia de la muestra “será estricta”, y explicó que la Provincia asumirá los costos de los exámenes.
“Como funcionario públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha que tiene el Gobierno contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental”, manifestó luego de que entrara en vigencia la medida la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa.
“Es un procedimiento súper sencillo, rápido. Me parece sumamente importante para traer transparencia en todo el accionar de la gestión. Dura cinco minutos el registro de datos, la toma de muestra y nada más”, completó la funcionaria.
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