Los empleados del Congreso recibirán un aumento salarial, pero no afectará las dietas de diputados y senadores

En un movimiento que ayuda a descomprimir la presión y las fuertes críticas de empleados contra los gremios legislativos, el Congreso cerró este miércoles una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre, que no impactará en la dieta de los legisladores. Por caso, los senadores tienen una vara propia que durará hasta el mes próximo, según lo votado en el recinto meses atrás.

Desde el Senado informaron que “el acuerdo administrativo alcanzado estipula que los incrementos se realizarán en un 2% en septiembre, 1% en octubre, 2% en noviembre y 1% diciembre”. Y agregaron: “Se trata de los mismos porcentajes firmados en paritarias del Poder Ejecutivo de la Nación con los sindicatos de empleados”.

A diferencia de lo consensuado entre el Gobierno y sindicatos estatales, el entendimiento en el Congreso no implicará un bono de fin de año no remunerativo -de $30.000-, ya que los sueldos en el Poder Legislativo tienden a ser mayores en comparación con una parte importante de la administración pública.

Según el comunicado oficial, el acta paritaria fue rubricada por autoridades parlamentarias y administrativas de Diputados y el Senado. También participaron los representantes de los sindicatos legislativos Norberto Di Próspero, por la Asociación del Personal Legislativo (APL); Claudio Britos, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); y Esteban Makaric, por la Unión de Personal de la Nación (UPCN).

En las últimas semanas, por los pasillos del Palacio Legislativo y los anexos de las Cámaras baja y alta se respiró un aire denso por la furia de muchos empleados contra los gremios. La lupa estuvo direccionada, en particular, hacia el intocable Di Próspero, mandamás del Congreso.

Una imagen que circuló entre decenas de agentes contaba, con imágenes de Di Próspero, que “la inflación del período de diciembre de 2023 a septiembre de 2024 fue del 153%” y que “los gremios legislativos acordaron un aumento del 60% hasta la fecha”. Por eso se pedía “multiplicar el sueldo por 1,6″ para conocer lo que -de manera eventual- le correspondería a cada trabajador. “Exijamos una representación que luche por nuestro poder adquisitivo. ¡Paro ya!”, sugería el final del volante.

Otro fue visto en un ascensor y rezaba: “Sindicalistas entreguistas. ¿Y la paritaria? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. La supuesta firma era de Legislativos Autoconvocados. Se espera que, con lo ocurrido este miércoles, se amortigüe algo la tensión.

A finales del mes pasado, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, mantuvo una reunión clave con los principales sindicatos del Congreso, ante un combo de decretos que derivó en 56 despidos en la Cámara alta. Tras la cumbre, que desde ambos sectores calificaron de “buena y cordial”, quedó la promesa de revisar algunos casos con diferencias de interpretación, según la visión oficialista o gremial.

Las resoluciones de Villarruel se dieron en función de las conclusiones de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD), creada en mayo pasado. Con dicha medida, ya son más de 400 las personas que cesaron en sus funciones a partir de la llegada de la nueva conducción del Senado. Los sindicatos no quisieron integrar la CAD. Ni siquiera, de manera informal.

Algo que sucedió este año en la Cámara alta. Un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el 1 de febrero pasado. Tras semanas de investigación, Infobae corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas a una mujer en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.