Un auto del Senado mal vendido terminó secuestrado en una causa por robo

Los desaguisados que encuentra la gestión libertaria en el Senado continúan con regalos por doquier, como el que contó Infobae en marzo pasado, cuando se echó a un empleado que no iba a trabajar y que, en realidad, tenía una condena por amenazas y usaba tobillera electrónica. Ahora, según consta en una resolución oficial de días atrás, el cristinismo armó una licitación para comprar autos y puso varios de su flota como parte de pago, con irregularidades en los papeles y desprolijidades que terminaron de la peor manera: con uno de esos carros secuestrado por robo y un expediente penal abierto en la justicia.

El escándalo que le dejaron Cristina Kirchner y su mano derecha y ex secretaria administrativa del Senado, la actual diputada provincial del camporismo María Luz Alonso (La Pampa) a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se entiende con claridad a través de la resolución administrativa 83/24, donde se detallan las actuaciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos como consecuencia de un informe de auditoría y control de gestión.

Por un lado, se señala allí la “transferencia irregular de 11 automotores entregados con la Solicitud Tipo Contratos de Transferencia inscripción de dominio (08) en blanco, incumpliendo lo establecido en la Sección 1era Disposiciones Generales del Capítulo II Transferencia del Digesto, destacándose que tres (3) de ellos luego de haber sido dados de baja del patrimonio bajo del HSN y efectuada la venta continúan bajo la titularidad de esta Honorable Cámara”.

Lo más jugoso de la resolución aparece cuando se indica que “además de las irregularidades mencionadas, se destaca que un (1) vehículo de ellos fue utilizado en un hecho delictivo, el cual tramita en la Fiscalía de Instrucción y Juicio N° 4 -Departamento Judicial Avellaneda/Lanús bajo la carátula ‘Bogado, Lucas Matías s/robo agravado”.

Este medio consultó a personal involucrado en la cronología de estos eventos, que tuvo sus inicios en enero de 2023, con la entrega de los autos y respectivos formularios 08 en blanco. Primero, llamó la atención que hubiera ganado una concesionaria de Quilmes, territorio de la intendenta camporista Mayra Mendoza. Algunas personas memoriosas mencionan supuestas fotos de ella en dicho establecimiento, claro está, como interesada jefa comunal.

Lo que más alertó a los funcionarios actuales fue que, en general, las usuales modificaciones de flotas de vehículos en dependencias públicas involucran el remate o subasta de los más viejos, y no la entrega como forma de pago. Un tercer punto: quien supervisaba de manera formal -e informal- la actividad era el entonces Director General de Administración (DGA), Hugo Ricardo Angelucci. Dependía 100% de “Luchy” Alonso, mano derecha y dueña de la caja del Senado entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023.

Angelucci tenía un cargo político que finalizó con la gestión cristinista. No se desconectó en absoluto del Congreso, ya que cuenta con la planta permanente y, por ende, de la protección de la ley del empleado legislativo, la 24.600. Se alejó un poco de los autos, pero no de las delicias contables: hasta hace unos días atrás fue el secretario administrativo de la -cada vez más preciada- comisión bicameral que controla la Confitería del Molino.

De regreso a la licitación. Tras casi un año de la entrega de los formularios 08 “en blanco”, la operatoria fue informada el 19 de diciembre del año pasado a la ya activada gestión libertaria. Ante la cercanía de una lupa, se empujó una auditoría y la reciente resolución que, en el final, menciona a la señora directoria general de asuntos jurídicos con la copia de una denuncia penal sobre “averiguación de delito” y un sumario administrativo para deslindar posibles responsabilidades de agentes de la Cámara alta.

En las últimas horas, desde el entorno de la ex secretaria administrativa Alonso defendieron ante Infobae lo actuado con las siguientes aseveraciones: los autos no fueron vendidos; usarlos como forma de pago fue novedoso como metodología y provocó un ahorro; y los 08 se entregaron en blanco -como suele hacerse, dijeron- a la agencia sin responsabilidad para el Senado, que dejó en ese momento de ser el dueño de dichos vehículos.