El oficialismo logró avanzar este martes con amplio consenso en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados con la firma de un dictamen de mayoría del proyecto para implementar el juicio por jurados para delitos federales con penas mayores a cinco años.
El proyecto, que ha sido objeto de debate durante años, busca cumplir con un mandato constitucional largamente esperado. Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia y representante del bloque libertario por Jujuy, destacó el arduo trabajo realizado por los asesores de los distintos bloques para alcanzar este consenso.
El despacho de mayoría fue respaldado por los bloques mayoritarios, aunque también se presentó un dictamen de minoría firmado por los diputados del bloque Encuentro Federal, Fernando Brügge y Alejandra Torres. Este dictamen alternativo refleja las diferencias de opinión que aún persisten en torno a ciertos aspectos del proyecto.
El diputado Fernando Carbajal (UCR) destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia”. En tanto, Rodolfo Tailhade (UxP) indicó: “Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia”.
Los juicios por jurados están en la Constitución Nacional desde 1853. Sin embargo, el Congreso de la Nación nunca sancionó una ley que los reglamente y los ponga en práctica para la justicia nacional y federal. Se presentaron muchos proyectos pero nunca se sancionaron.
En el país, según la Asociación de Juicios por Jurados, el sistema se aplica en 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco -donde también se utiliza para casos civiles y comerciales-, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Y también hay municipios que aplican juicios por jurados para faltas y contravenciones graves como Rosario, Mendoza y San Patricio del Chañar, en Neuquén.
El gobierno de Javier Milei presentó en agosto su proyecto de juicio por jurados en un acto en el Palacio Libertad junto con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Los jurados populares están integrados por 12 personas. Deben ser ciudadanos mayores de 18 años, que son sorteados para intervenir en los procesos y que tienen la obligación de cumplir con esa manda. Son los que se encargan de determinar si el acusado es culpable o inocente. Para los delitos graves se establece una mayoría calificada de votos que en caso de no alcanzarse deriva en la absolución del imputado. La deliberación del jurado es secreta y sus argumentos no se hacen públicos.
La única función del jurado es establecer la inocencia o culpabilidad del acusado. Tanto el monto de la pena, en caso de condena, como otros planteos que las partes puedan hacer durante el proceso -como pedidos de detención, libertades, nulidades- son decididas por el tribunal de jueces profesional. Además, el veredicto del jurado es inapelable.
Al comienzo de la reunión, distintos especialistas expusieron sobre la norma, impulsada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, que propone la creación de un sistema de juicios por jurado. En su exposición, el juez de Cámara electoral Alberto Dalla Via manifestó su postura a favor de la implementación del juicio por jurados al detallar que “no sustituye el rol del Juez en el proceso”, ya que “el jurado solo toma una decisión política y no jurídica”. En tanto, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE.UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia”; mientras que el abogado Víctor Vélez, informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y destacó que “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.
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