El gobernador Martín Llaryora dio un paso significativo en la adhesión de Córdoba al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI) y envió este martes su proyecto de ley a la Legislatura con algunas modificaciones a la norma nacional, como la inclusión de medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales y beneficios a más emprendimientos.
Uno de los principales puntos que añade la iniciativa cordobesa presentada en la Unicameral es “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.
Esta distinción fue mencionada en el texto como una manera “adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones”. Una propuesta que va en línea con lo que había adelantado semanas atrás el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, quien aseguró que la provincia tendría un esquema diferente al del gobierno nacional para adecuar la ley al perfil productivo local.
En este sentido, el proyecto de ley destaca que la provincia es un destino atractivo para las inversiones, dado que históricamente se caracterizó por su matriz productiva y tecnológica. Dos áreas que, según el documento, funcionan de manera sostenida gracias a la estabilidad institucional y jurídica, mencionados como factores fundamentales para la colaboración entre los sectores público y privado de Córdoba.
La adhesión de Córdoba al RIGI también incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos. Con respecto a este punto, la iniciativa que lleva la firma del gobernador Llaryora sostiene: “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional”.
Además, hace hincapié en que la provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.
Finalmente, el proyecto de ley -que según el gobierno cordobés “impulsará las fortalezas que tiene la provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”- también invita a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.
La decisión de la provincia de Córdoba de sumarse al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo económico mediante la estabilidad fiscal y otros incentivos para proyectos de gran envergadura, fue anunciado por su ministro de Economía, Acosta, a principios de octubre.
Según habían dejado trascender desde el ministerio local, el proyecto tendría el objetivo de cumplir con el “compromiso del crecimiento económico y la generación de empleo”.
Las expectativas del gobierno nacional
Hace algunas semanas, el Gobierno había estimado que podría llegar inversiones por al menos USD 30.000 millones en el sector energético en los próximos dos años tras la implementación del RIGI. Así lo comentó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una exposición ante ejecutivos del sector.
“Sin ley de bases hemos conseguido récord de producción en petróleo y gas. Estas reglas van a hacer que se consoliden las inversiones que actualmente están en desarrollo, que para 2025 serán USD 12.500 millones y para 2026 USD 14.000 millones. Si le sumas el RIGI, en 2025 van a ser USD 2.500 millones y en 2026 otros USD 2.500 millones”, aseguró.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, había sido más optimista aún en cuanto a expectativas de inversiones ya que en julio hizo varias presentaciones a inversores en Nueva York, en las que detalló que aguardaban la llegada de USD 54.300 millones.
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