En pleno conflicto con Aerolíneas Argentinas, los gremios buscan que interceda el Gobierno de Lula

Brasil podría intervenir en el conflicto entre el gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y el Gobierno Nacional. Tras varios paros salvajes de los distintos sindicatos, y en medio de las tensiones por la declaración de la línea aérea como empresa “sujeta a privatización”, el Sindicato Nacional Dos Aeronautas (SNA) del país vecino se reunió ayer con un funcionario de Lula da Silva para tratar la posible injerencia de empresas brasileras en la huelga de las tripulaciones argentinas.

Desde el sindicato brasileño opinan que la posibilidad de que empresas extranjeras, incluyendo las de su país, asuman operaciones de la línea de bandera argentina configura una “práctica antisindical” que puede tener consecuencias directos para sus “derechos laborales y sindicales”. En esa línea, el encuentro fue con Francisco Macena, secretario ejecutivo del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil.

“La reunión fue solicitada por SNA, después de recibir con preocupación los relatos de APLA y AAA sobre las acciones del gobierno argentino, que configuran una amenaza al derecho de huelga y a la libertad sindical”, informaron desde el sindicato, a través de un comunicado. Respecto a la respuesta de Macena, aseguraron que el funcionario se posicionó a favor de las demandas del SNA y que solicitará una agenda junto con el gremio, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC, de Brasil) para tratar el tema.

A su vez, el sindicato de pilotos argentino celebró el apoyo de sus homólogos del mundo. En sus redes sociales figuran cartas enviadas desde TALPA (Turkiye Airline Pilots’ Association) de Turquía; SAS Pilot Group, de Dinamarca, Noruega y Suecia; DELTA MEC, de la estadounidense Delta Airlines; TTALPA, Trinidad and Tobago Airline Pilots Association; ALPA Canada, el grupo holandés Dutch ALPA, y Vereinigung Cockpit, de Alemania.

Esta semana, el Gobierno Nacional declaró a Aerolíneas Argentinas como una empresa del Estado sujeta a privatización. Esta decisión, que se hizo oficial mediante la publicación del decreto 873/2024, se da en medio del fuerte conflicto que mantiene el Gobierno nacional con los representantes sindicales por los importantes beneficios que mantienen sus empleados y que contribuyen a que la empresa de bandera sufra pérdidas considerables en materia económica. La tensión escaló luego de los paros llevados a cabo por algunos dirigentes del sector aerocomercial.

De hecho, en el considerando de la norma, el Ejecutivo menciona algunos de esos beneficios. “Los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”, dice la normativa.

Desde el Gobierno consideran que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

El decreto se ampara en la Ley de Reforma del Estado de 1989 (N° 23.696) y sus modificatorias que establecen que el Poder Ejecutivo Nacional podrá optar por materializar la privatización por medio de: “la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.

Bajo estas modalidades, la legislación contempla que la transferencia sea a una o varias personas humanas, personas jurídicas privadas, municipios, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otra persona pública.