El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó una medida cautelar que presentó la Universidad Madres de Plaza de Mayo para que el Gobierno transfiera más de 550 millones de pesos para financiar su financiamiento. El reclamo lo había presentado esa organización que creó la fallecida Hebe de Bonafini luego de que el Ministerio de Capital Humano decidió frenar la apertura de nuevas universidades.
La universidad había solicitado mediante una “cautelar autosatisfactiva” para que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se proceda a la transferencia de más de 556 millones de pesos. Según trascendió hoy, el magistrado consideró que la pretensión de la organización “debe desestimarse porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones”.
También confirmó que del planteo efectuado por la Universidad “no se verificó la verosimilitud en el derecho en forma patente y que no se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad que denuncia por parte de la Administración Pública”. Y señaló que “en este proceso se discute un reclamo patrimonial, que debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable”.
Por otra parte, el Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la UNMPM de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, ya que “la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano”. Es que denunció que el acta de fecha 5 de marzo pasado, “mediante el cual se dejó constancia de los comicios de asamblea llevados a cabo para su designación, carecen de validez, al no contar con la aprobación pertinente con lo previsto en el art. 49, de la Ley de educación superior y del art. 23, del Decreto Nº 176/96″, por lo cual, para el Gobierno “esto significa que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no tiene autorizada su puesta en marcha”.
La decisión del Gobierno
El gobierno de Javier Milei decidió en febrero pasado suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas estuvo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.
En los fundamentos de la resolución se indicó que la medida se tomó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”. Por eso, consideraron que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas”.
En los considerandos de la medida se aclaró que el freno de la apertura se mantendrá hasta tanto se pueda “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.
Las universidades fueron aprobadas tras una debate extenso en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación y contó con los votos mayoritarios del kirchnerismo, de los partidos provinciales aliados y del radicalismo. El final de ese trámite se dio el 29 de septiembre, en la misma sesión en la que se aprobaron la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y cambios en la ley de alquileres.
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